La crisis política que arrastra Perú recrudeció esta semana con una serie de medidas judiciales que vuelven a debilitar al presidente Pedro Castillo, sobre quien pesan amenazas de destitución desde que comenzó a gobernar hace 15 meses.
El martes, Castillo se convirtió en el primer presidente en ejercicio en la historia del país sudamericano en recibir una denuncia constitucional. La interpuso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo acusa de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y presunto cómplice de colusión.
La denuncia fue derivada de inmediato a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, órgano que decidirá cómo avanza el proceso y que puede culminar en un nuevo pedido de vacancia, el mecanismo institucional que existe para deponer a los presidentes y que Castillo ya enfrentó en dos ocasiones.
Ese mismo día, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron las oficinas y las casas particulares de los congresistas Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Vergara Mendoza, quienes están acusados de formar parte de una red de corrupción cuyo liderazgo se adjudica a Castillo, a través de la cual presuntamente se manipulaban las licitaciones del Ministerio de Comunicaciones y Transportes.
La prensa los ha bautizado como 'Los niños' (del presidente), ya que así los denominó Karelim López, la empresaria que confesó su responsabilidad en presuntos delitos de corrupción que involucran al mandatario y que se convirtió en "colaboradora eficaz", una figura judicial peruana que morigera penas a cambio de información.
Al igual que la denuncia contra el presidente, estos operativos también son inéditos, ya que la Fiscalía nunca había allanado oficinas del Congreso.
A ello se sumaron decenas de operativos más contra funcionarios, amigos y familiares de Castillo, en los que quedaron detenidos exasesores del Gobierno, Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Vitón Burga, quienes están acusados de haber formado parte de un "gabinete en las sombras" en el que también se involucra a Fray Vásquez Castillo, el sobrino del presidente que está prófugo.
Los familiares de Castillo
Uno de los allanamientos se realizó en la casa de la hermana del presidente, Gloria Castillo, en donde se encontraba también su madre, Mavila Terrones.
Más tarde, el mandatario denunció que ese "acto abusivo" había afectado la salud de su madre, a lo que la Fiscalía respondió que había brindado todas las facilidades para su traslado a un centro hospitalario.
Los problemas familiares no terminan ahí, ya que el entorno más cercano a Castillo está envuelto en la trama de acusaciones por presunta corrupción.
Su esposa, Lilia Paredes, ya fue imputada por la Fiscalía y tiene prohibido viajar al extranjero durante un plazo de 36 meses, por lo que son constantes las especulaciones sobre una posible detención. Sus hermanos, Walter y David Paredes, tampoco pueden salir del país.
Yenifer Paredes, la hermana menor de la primera dama, quien la crió como una hija junto con Castillo, fue detenida en agosto pasado para cumplir una orden de prisión preventiva de por lo menos 30 meses.
Sobre Gian Marco Castillo Gómez, otro sobrino presidencial, se emitió una orden de arresto a principios de año. Aunque luego fue desestimada, sigue bajo investigación.
Varias investigaciones
Pero el más complicado es el propio Castillo, quien con la nueva acusación de la Fiscalía acumula ya seis investigaciones judiciales en las que se le imputan presuntos delitos de corrupción, organización criminal, encubrimiento personal contra la administración de justicia, tráfico de influencias y el supuesto plagio de su tesis de maestría.
Los familiares, los exasesores gubernamentales detenidos y los congresistas allanados estarían involucrados en diversas causas que tienen puntos en común porque, a nivel general, la Fiscalía considera que participaron en un mecanismo para designar en puestos clave a determinados funcionarios que garantizaran las adjudicaciones ilícitas de millonarios contratos estatales a cambio de sobornos que presuntamente se repartían entre todos los miembros de esta red.
A su vez, según el expediente, también tendrían la tarea de entorpecer las investigaciones judiciales destruyendo pruebas, sobornando a policías o brindando apoyo financiero a prófugos, en concreto al exsecretario privado de Castillo, Bruno Pacheco, quien fue capturado en julio pasado.
Castillo, quien según encuestas recientes cuenta con una aprobación que ronda el 30 %, niega las acusaciones y las adjudica a un permanente intento de golpe de Estado que, según él, ha estado latente desde que se colocó la bandera presidencial.
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