La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México formuló una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de cuatro personas, que dejaron un fallecido, dos lesionados y tres detenidos.
El 7 de febrero de 2021, cuatro personas —identificadas solo como V1, V2, V3 y V4— viajaban en un vehículo por la colonia Colinas del Sur de la ciudad tamaulipeca de Nuevo Laredo, en la frontera con Laredo, EE.UU.
Cerca de la medianoche, una camioneta de la Sedena se acercó al vehículo particular y los militares accionaron sus armas en contra de los pasajeros. V1 murió en el acto, mientras que V2 y V3 resultaron con lesiones graves por proyectiles de arma de fuego.
En tanto, los militares detuvieron a V2, V3 y V4 y los inculparon por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y los llevaron a declarar ante la Fiscalía General de la República. Posteriormente, un juez de distrito calificó como ilegal la aprehensión y ordenó su libertad.
Versión de los militares
En su declaración, los militares afirmaron que fueron agredidos por los civiles y se vieron obligados a responder. Sin embargo, de acuerdo con dictámenes balísticos de la la CNDH, "V1, V2, V3 y V4 no portaban armas de fuego y mucho menos accionaron alguna contra los elementos de la Sedena".
En cambio, sostuvo ese organismo, hay "datos suficientes" para establecer que los militares incurrieron en "uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego", lo que derivó en lesiones graves a V2 y V3 y en la pérdida de la vida para V1. De tal manera, los uniformados "incumplieron los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia y profesionalismo, que rigen su actuar".
Medidas de reparación
En su recomendación 71VG/2022, la Comisión solicitó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dar reparaciones inmediatas al daño causado a las tres víctimas directas y dos más indirectas, incluyendo medidas de rehabilitación física y psicológica.
También pidió que se gestione un programa de beca estudiantil en favor de una de las víctimas indirectas y que se le apoye hasta que concluya su educación superior en instituciones públicas.