El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, afirmó este viernes que la expulsión de 470 migrantes el 24 de junio durante un intento de salto a la valla de Melilla se hizo "sin completarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales". La cifra es muy superior a los 101 migrantes que recoge la Guardia Civil.
En un comunicado enviado a la prensa, la institución publica las primeras conclusiones de la investigación que está en marcha y subraya que ese día hubo "una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos".
Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional establece que el rechazo en la frontera debe contemplar entradas con "pleno control judicial" y bajo el cumplimiento de "las obligaciones internacionales".
Al menos 23 personas perdieron la vida a finales de junio cuando intentaron saltar la valla de Melilla para acceder a España desde la provincia marroquí de Nador. El Defensor lamenta la pérdida de vidas humanas y heridos.
"Estricta legalidad"
Por su parte, el Ministerio del Interior subrayó que "todos los rechazos en frontera que se produjeron en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad".
"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos", agregó Interior.
Esta se produjo después de que el Gobierno español apoyara la propuesta de Rabat de convertir al Sáhara Occidental en una provincia bajo soberanía marroquí.