El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas para luchar contra el alza de los precios de la energía. Según adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supondrá un desembolso de 3.000 millones de euros y se pretende alcanzar al 40 % de los hogares españoles.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha desgranado las medidas más importantes recogidas en este plan de choque, sosteniendo que se ha tratado de "incrementar la protección no solo a los más vulnerables, sino también a las clases medias".
Una de las medidas destacadas es el establecimiento de una tarifa regulada para las comunidades de vecinos que tienen calderas centralizadas de gas, que hasta ahora no podían acogerse a las tarifas más asequibles. Vigente hasta finales de 2023, supondrá que alrededor de 1,7 millones de hogares vean reducidas sus facturas a la mitad, según los cálculos del Gobierno.
El mecanismo contempla un descuento del 40 % en el 70 % del consumo del año anterior, mientras que el 30 % restante no tendría ninguna rebaja. Se pretende así fomentar el ahorro, por lo que si el consumo aumenta con respecto al ejercicio anterior, se produciría una penalización.
Asimismo, se ha ampliado el descuento del bono social, que será del 65 % para los consumidores vulnerables y del 80 % para los vulnerables severos. La rebaja antes de la actual crisis energética alcanzaba el 25 y el 40 % respectivamente. En este sentido, también se eleva un 15 % la cantidad de energía con derecho a ese descuento.
Además, se ha establecido una nueva categoría de consumidores con derecho a un descuento del 40 % para hogares con trabajadores con ingresos reducidos. Beneficiará a quienes vivan solos y ganen hasta 16.000 euros, a parejas con ingresos máximos de 20.000 o a familias con ingresos inferiores a 28.000 euros.
La ministra de Transición Ecológica también ha destacado que se elaborarán normativas para favorecer el ahorro energético en la construcción de nuevas viviendas y en las reformas de la ya existente. Además, ha señalado la intención de que las administraciones públicas participen en el ahorro energético, apuntando concretamente al alumbrado exterior, como un sector en el que se puede aumentar la eficiencia.
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