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Pactos en la sombra: de cómo las agencias federales de EE.UU. operan al margen de la ley en México

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Acabar con los acuerdos que carecen de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, es una asignatura pendiente para el Gobierno de López Obrador.
Pactos en la sombra: de cómo las agencias federales de EE.UU. operan al margen de la ley en México

En México hay prácticas irregulares, sin apego a derecho, que lo mismo reproducen Gobiernos nacionales que estatales, sin importar su orientación ideológica.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha establecido acuerdos con su par estadounidense sin que estos sean ratificados por el Senado.

Los mandatarios estatales, por su parte, se han dedicado a suscribir compromisos con dependencias y agencias federales de EE.UU., con todo y que la Constitución se los prohíbe.

En su defensa, los gobernadores alegan que se trata de arreglos que se realizan en el marco de acuerdos de un rango superior: los del Gobierno federal con el vecino del Norte.

"En Zacatecas se violentó la soberanía nacional": Narro Céspedes

El artículo 117 de la Constitución mexicana señala que los Gobiernos estatales no pueden establecer tratados internacionales con potencias extranjeras.

Según los términos del derecho internacional público, por 'tratado internacional' se entiende todo tipo de acuerdo que implique un compromiso entre países.

En el caso de Zacatecas, la polémica más reciente, el gobernador David Monreal aseguró no haber suscrito ningún acuerdo ni con el embajador Ken Salazar, ni con los representantes de las agencias federales de EE.UU. 

Fue solo un "diálogo de abierto", un "intercambio de experiencias y mejores prácticas" en un "marco de respeto a la soberanía nacional". "No hay nada de qué preocuparse, no se firmó nada", atajó el mandatario estatal.

La información publicada en el portal de la Embajada de EE.UU. en México, sin embargo, lo desmiente: su Gobierno y los representantes del vecino del Norte sí establecieron acuerdos de cooperación con objetivos diversos:

  • Fortalecimiento de las instituciones de seguridad, mediante la acreditación internacional de tres prisiones, seis laboratorios forenses y una Academia de Policía.
  • Mejora de los procedimientos en la persecución de delitos y puesta en marcha de una política de perspectiva de género.
  • Apoyo a la Fiscalía General de Justicia estatal para mejorar su capacidad de investigación contra delitos de alto impacto.

Resulta inverosímil que no se haya firmado ningún documento sobre estos acuerdos. David Monreal "abrió la puerta como ningún otro gobernador", fueron las palabras del embajador de EE.UU. en México que recogió el comunicado de prensa publicado por el Gobierno de Zacatecas.

En su defensa, Monreal argumentó que el encuentro con Salazar y representantes de las agencias de EE.UU. se desarrolló bajo el 'Entendimiento Bicentenario', la estrategia bilateral que suscribieron los Gobiernos de los presidentes López Obrador y Joe Biden en octubre del año pasado.

En este sentido, según Monreal, las conversaciones que mantuvo con representantes del Gobierno de EE.UU. tuvieron lugar en el contexto de un acuerdo de rango superior suscrito por el Gobierno federal y, por lo tanto, su Administración no habría violado la Constitución.

Sin embargo, utilizar el denominado 'Entendimiento Bicentenario' como justificación para establecer acuerdos con agencias federales de EE.UU. resulta, en realidad, aún más cuestionable.

Si bien, en efecto, el 'Entendimiento Bicentenario' es una estrategia de cooperación bilateral suscrita por el Gobierno federal con ejes de acción en varios rubros, esta no ha sido ratificada por el Poder Legislativo.

La fracción X del artículo 89 constitucional establece que los tratados internacionales deben ser ratificados por el Senado. En el caso del 'Entendimiento Bicentenario', de facto constituye un tratado internacional, dados los compromisos entre ambos países.

En entrevista con RT, el senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Narro Céspedes, comenta que el Gobierno del presidente López Obrador promueve un "nuevo enfoque" de política exterior.

Por esta razón, explica, se echó abajo la 'Iniciativa Mérida' y está en proceso de construcción el 'Entendimiento Bicentenario'. Sin embargo, detalla que, hasta ahora, es solo una propuesta.

"Llegado el momento, tendrá que aprobarse por el Poder Ejecutivo y ratificarse por el Senado de la República, esto es muy importante precisarlo".

Dado que no es un acuerdo formal, Narro Céspedes sostiene que las acciones de su compañero de partido, el gobernador David Monreal, no tienen justificación.

"Lo que se planteó en Zacatecas violenta la soberanía nacional y abre paso a una acción de intervencionismo en nuestro país".

Jaime Cárdenas Gracia, abogado especializado en derecho constitucional, cercano al presidente López Obrador, comenta en entrevista que en México se ha vuelto una práctica común desde hace varias décadas soslayar la ratificación del Senado a la hora de materializar acuerdos con otros países.

En EE.UU., puntualiza, existen las denominadas "ordenes ejecutivas" ('Executive Agreements'), mientras que en México no se cuenta con este instrumento. "En nuestro país hay tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución, como los relacionados con derechos humanos".

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera necesario reformar la Ley sobre la Celebración de Tratados. Su propuesta es que todo tratado internacional requiera de la aprobación de las dos Cámaras del Congreso (diputados y senadores), por mayoría calificada, además de los Congresos locales.

La asignatura pendiente

En fechas recientes, luego de su visita a Washington en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-EE.UU., el Canciller, Marcelo Ebrard, comentó en conferencia de prensa que había explicado a Ken Salazar que no se pueden hacer pactos con los Gobiernos de los estados sin la autorización del Gobierno federal.

Los dichos de Ebrard fueron interpretados como una 'llamada de atención' a la Casa Blanca por varios analistas. Sin embargo, Zacatecas es el más reciente, pero no el único caso en que un Gobierno estatal suscribe acuerdos con agencias federales de EE.UU. sin que exista no solo una autorización, sino un acuerdo nacional de por medio ratificado con anterioridad por el Senado como lo dicta la Carta Magna.

De hecho, varios Gobiernos estatales surgidos del oficialismo han hecho este tipo de pactos. Destacan las entidades federativas donde se registran altos índices de criminalidad. 

En esos territorios el Gobierno norteamericano ha insistido en aumentar el protagonismo de los elementos del FBI (Buró Federal de Investigaciones), agencia encargada de la capacitación de los cuerpos de seguridad. 

En agosto de 2019, cuando estaba vigente la 'Iniciativa Mérida', el Gobierno de Morelos—entidad que supera los 780 homicidios dolosos en lo que va de 2022—mandó capacitar a cinco de sus instructores de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad con personal del FBI.

Hasta el momento no hay información pública detallada sobre las operaciones de las agencias de seguridad de EE.UU. en México: sus objetivos, cuáles son los acuerdos vigentes (y con qué Gobiernos estales y dependencias), así como el personal empleado.

Ya bajo el 'Entendimiento Bicentenario', a principios de este año se llevó a cabo un encuentro clave para Washington en materia de seguridad, también en el estado de Morelos: el 'Foro internacional de Fortalecimiento de las Capacidades Policiales'. 

Entre sus objetivos, este Foro, donde participa el Departamento de Justicia de EE.UU. junto con su brazo derecho, el FBI, busca mejorar la instrucción de la policía local en materia de investigación e inteligencia (espionaje).

La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por su parte, también mantiene una estrecha cooperación interinstitucional en México que, de hecho, ha venido escalando en todos los niveles de Gobierno bajo el mandato de López Obrador.

"A partir del año 2020 al 2025, la USAID profundizará la asociación estratégica con México dirigiéndose a los gobiernos estatales y locales que demuestren la capacidad y el compromiso para hacer frente a la impunidad y la violencia", se apunta en la página web del organismo.

Como parte de esta "asociación estratégica", la USAID además de hacer pactos con Gobiernos estatales, lo mismo establece acuerdos de cooperación con fiscalías generales y tribunales, que mantiene vínculos con el sector privado y organizaciones no gubernamentales. 

En abril de 2018, en uno de sus informes, la USAID destacaba una intensa actividad en 12 entidades federativas, mientras en otras seis también tenía presencia, aunque de manera limitada. 

Y hay muchas más agencias federales de EE.UU. operando en México. Si solo se cuentan las de seguridad, hay presencia de 13, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores entregada a este reportero mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Hasta el momento, sin embargo, no hay información pública detallada sobre sus operaciones, sus objetivos, cuáles son los acuerdos vigentes (y con qué Gobiernos estales y dependencias), así como el personal empleado.

A través de otra solicitud de información vía la PNT, la Cancillería dio a conocer que, a septiembre de 2019, había 1.009 personas acreditadas y adscritas a la Embajada de EE.UU. en México.

No obstante, comunicó no tener la facultad para conocer a qué agencias, departamentos u oficinas, el Gobierno de EE.UU. había destinado a cada uno de los miembros de su personal. 

Terminar con los pactos en la sombra es una asignatura pendiente para el Gobierno de AMLO. Hoy la mayoría de las agencias federales de la Unión Americana opera a través de acuerdos que carecen de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.

Ariel Noyola Rodríguez

@noyola_ariel

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