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Por qué las protestas de los indígenas colombianos van más allá de los choques con la policía en Bogotá
Las décadas de deuda social y de violencia que pesan sobre los integrantes de los pueblos emberá los han hecho salir de sus comunidades para exigir una respuesta del Estado.
En Colombia, dos momentos recogidos por los medios marcaron la víspera. En uno, un grupo de manifestantes del pueblo indígena emberá protagonizaba hechos violentos, la tarde del miércoles, en Bogotá, y en otro, una delegación de esta etnia dialogaba con presidente el colombiano, Gustavo Petro, la noche de ese mismo día.
Pero antes de ambas situaciones, hubo un gran paréntesis. Desde hace décadas, los integrantes de las comunidades emberá han padecido y denunciado, sin obtener respuesta, el abandono estatal de sus territorios ancestrales y los acuerdos incumplidos del Gobierno, en medio de la pobreza, el desplazamiento forzado, las masacres y el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados.
El pasado miércoles, los medios difundieron con profusión los disturbios, que tuvieron como epicentro la capital colombiana y que dejaron más de 20 personas heridas. Desde 2010, grupos esta etnia se han traslado a Bogotá para huir de la muerte y el hambre.
El largo peregrinar emberá
A partir de 2018 la situación se ha hecho más compleja entre los vaivenes de las negociaciones y acuerdos parciales con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno, sin que se llegué a una solución integral.
En su peregrinar por la capital, cientos emberá chamí y katío han tenido que asentarse en el Parque Metropolitano Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, y en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, a solo 4 kilómetros de distancia, al que llegaron el 29 de septiembre de 2022.
La diáspora emberá ha sido víctima de discriminación, estigmatización y aporofobia por parte de los habitantes de la capital y de la prensa, que la cataloga de invasora y violenta.
Como una muestra de la precariedad y las pocas garantías de seguridad con las que cuentan en la ciudad, en abril pasado, integrantes de este pueblo indígena bloquearon la calle para denunciar que un taxista había arrollado a un menor de edad. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegó al lugar para disolver la protesta y se produjeron enfrentamientos en los que 30 personas resultaron heridas, la mayoría mujeres y niños.
En mayo pasado, tras permanecer ocho meses en el Parque Nacional, donde vivían a la intemperie en 'cambuches' improvisados y cubiertos con bolsas plásticas, acordaron instalarse en las Unidades de Protección Integral (UPI) de La Florida y La Rioja, según la Unidad de Víctimas.
La situación en estos albergues, que en un principio serían temporales, se ha vuelto insostenible con el trascurrir de los meses. Se calcula que 21 personas, la mayoría niños, han fallecido en estos lugares por la falta de atención médica y por la condiciones deplorables en las que se encuentran.
Los integrantes de unas 15 comunidades indígenas, que suman unas 1.500 personas, se enfrentan a hacinamiento, insalubridad y propagación de enfermedades en estos espacios que son responsabilidad de la Alcaldía, recoge El Tiempo.
La Rioja
La UPI La Rioja, uno de los albergues, es un edificio de tres pisos construido para atender a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. En cada uno de los salones de clases dispuestos en la estructura, actualmente duermen 40 personas, según un reporte de El Tiempo.
El suministro de agua es irregular y en las habitaciones hay ropa tendida, mantas, utensilios de cocina, bolsas llenas de almohadas y cobijas.
De este centro hay denuncias presentadas ante la Fiscalía por abuso sexual y violencia contra niños y mujeres.
Rechazo todo acto de violencia, esa no fue manera correcta de protestar.Pero miren la grave situación en albergue La Rioja. ¿Es justo que a personas que les asesinaron sus familias y desplazaron hoy tengan que vivir así?Ellos sólo piden volver al territorio. Estado indolente. pic.twitter.com/GKAKRgiio6
— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) October 20, 2022
"Las condiciones aquí son paupérrimas. No nos han entregado las ayudas que nos prometieron", afirma el coordinador técnico de las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB), Jairo Montañez.
La respuesta de Petro
En su cuenta de Twitter, el mandatario publicó la imagen del encuentro con los representantes de esas comunidades indígenas, que se realizó la noche del miércoles, y una serie de trinos.
Petro recordó la situación de hacinamiento que padecen y la dificultad de acceso a los servicios básicos y el agua potable en los dos albergues en Bogotá, en medio de la indiferencia de las autoridades.
"Se sienten engañados en su dignidad. Cada vez que los golpean vienen más a Bogotá. Son un pueblo que rechaza el trato indigno, la palabra engañosa. No saben la mayoría hablar español, los discriminan por ello. Los funcionarios no tienen la educación para lograr entenderlos", escribió.
El presidente manifestó su disposición de cumplir con los acuerdos establecidos con la Administración de Iván Duque, en 2018.
Me reuno con la comunidad embera víctima de desplazamiento y ubicada en Bogotá. Hace un mes no tienen agua potable, viven hacinados más de 1200 personas donde solo caben 400. Han visto morir 21 de sus integrantes la mayoria niños en Bogotá pic.twitter.com/OfGjIDaNNC
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2022
El anterior mandatario se había comprometido a brindar garantías de seguridad en los territorios donde operan grupos armados, empresas transnacionales de explotación de minerales y organizaciones criminales y de narcotráfico. Además, les prometió atención médica y educativa, planes de infraestructura vial y de servicios públicos. Hasta ahora, todo quedó en letra muerta.
Sobre la participación de algunos miembros de esa comunidad indígena en las protestas que cerraron con 27 personas heridas, entre ellas 14 policías y ocho gestores de convivencia, el presidente también se pronunció.
"Muchos dirán que son terroristas los padres y madres indígenas que han visto morir de hambre, de VIH, de epidemias, de falta de atención a sus propios hijos. Yo creo que hoy he visto una de las mayores injusticias sociales. Un Estado que vuelve víctimas a las víctimas", tuiteó.
Los enfrentamientos de la víspera ocurrieron cuando algunos manifestantes que protestaban por la situación en los albergues intentaron ingresar al edificio Avianca, una construcción que anteriormente atendía a personas afectadas por el conflicto armado.
Peticiones no atendidas
Una nota de Cerosetenta sitúa desde 2010 los asentamientos emberá en la capital colombiana. En esa década, la Alcaldía estableció una mesa de diálogo donde las comunidades demandaron territorios para habitar, viviendas dignas, acceso al agua potable, una asignación económica para pagar alquileres, seguridad y fuentes de trabajo. "En pocas palabras, exigen una ruta de reparación a las víctimas", dice el texto.
En el trabajo 'La comunidad emberá en Bogotá: una mirada académica a su proceso de atención y reparación', su autor, David Castro, cita el texto 'Reparación de Víctimas', de la profesora de Ciencias Políticas Consuelo Ahumada, quien afirma que "los territorios indígenas se convirtieron en zonas de guerra".
"La comunidad emberá de ambos lados de la cordillera ha sufrido hostigamiento permanente por parte de los diversos grupos armados quienes, entre otras prácticas igualmente reprochables, convirtieron a los niños, niñas y jóvenes en objeto de reclutamiento forzado", sostiene la autora.
Tanto los emberá katio, provenientes del Chocó, y los emberá chamí, de Risaralda, se distribuyen a "ambos lados de la cordillera occidental en una región marcada por la confluencia de tres factores: una muy débil presencia histórica del Estado, la exacerbación del conflicto armado en sus diversas manifestaciones y una gran riqueza en recursos mineros y en biodiversidad".
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