La senadora indígena y defensora de los derechos humanos Aida Quilcué sufrió un atentado armado, del que resultó ilesa, en una zona rural del departamento colombiano del Cauca, una de las entidades con mayor índice de violencia y asesinatos de líderes sociales.
Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), informó el pasado sábado en su cuenta de Twitter sobre la acción en su contra y denunció que su esquema de seguridad es "ineficiente".
En las redes sociales, voceros nacionales, congresistas, organizaciones internacionales y de defensa de los derechos humanos repudiaron el ataque contra la líder indígena del pueblo nasa. Por su parte, las autoridades anunciaron una investigación.
¿Qué ocurrió?
"Acabo de sufrir un atentado, disparan a la camioneta en la que me movilizo cerca de Guadualejo - Puerto Valencia, Tierradentro, Cauca", fue el primer trino escrito por la parlamentaria, que no resultó herida.
Quilcué, con una amplia experiencia de tres décadas de lucha por los derechos de los pueblos originarios, pertenece al resguardo Pickwe Tha Fiw, ubicado en la reserva natural de Tierradentro, en el municipio caucano de Páez.
El ataque ocurrió mientras se desplazaba en una camioneta desde Páez a La Plata (Huila), luego de haber participado en una reunión de autoridades en el municipio caucano de Caldono, informó Caracol.
"Ya pasando por un sitio denominado Guadualejo nos siguieron unas motos, fue lo que me dijo el chofer porque yo no me percaté de eso. Ya llegando más allá del puente nos cogieron a disparos", afirmó.
Los hombres armados dispararon seis veces contra el vehículo. "Afortunadamente, los de la moto no nos alcanzaron porque el chofer pudo maniobrar muy bien. Logramos salir de ahí. Uno de los impactos de fuego fue en la llanta, pero así salimos a La Plata", contó.
Junto a ella iban dos guardias indígenas, asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no portan armamento, por lo que no pudieron repeler la acción.
En una de las imágenes que compartió la exconsejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se aprecia cómo quedó la camioneta donde viajaba.
"Sentí miedo"
Según relató, uno de sus escoltas le pidió que se lanzara al piso del carro, porque las balas iban en dirección al puesto que ocupaba en el auto. "Me tiré ahí y me protegí con el chaleco que traíamos. Sentí miedo en ese momento, pero tenía la plena confianza de que no iba a pasar nada".
A pesar de que uno de los proyectiles impactó en un neumático, pudieron llegar hasta al estación de Policía en La Plata. Allí hizo la denuncia.
Hasta el momento ha declarado ante la Fiscalía General y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó el peritaje de la camioneta.
"No nos cansemos de buscar la paz"
En un video publicado después de informar sobre el atentado, la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2021 agradeció las muestras de solidaridad recibidas.
Además, le expresó su gratitud a las autoridades de los consejos regionales indígenas del Huila y de los derechos humanos, a la Fiscalía, a sus compañeros del Congreso, al Gobierno y a la Fuerza Pública porque contribuyó para que pudiera llegar a salvo.
"No nos cansemos de buscar la paz, necesitamos estar libres y vivo pero necesitamos muy fuerte trabajar por la paz de Colombia", dijo al finalizar el clip de un minuto.
Controversia sobre esquema de seguridad
Entre los comentarios publicados en las redes tras lo ocurrido, se encuentra el de la UNP, adscrita al Ministerio de Interior, en el que se aseguró que la senadora contaba con un esquema de seguridad para protegerla junto a su familia.
Quilcué respondió el trino y dijo que a pesar de que contaba con un esquema de resguardo, este era "ineficiente". Y agregó: "Los vehículos asignados no están en condiciones y son inoperantes".
"En vez de decir que tengo esquema, cumplan el Fallo de Tutela 092-2022 del Tribunal Superior de Bogotá", finalizó la senadora.
En otra interacción, Quilcué compartió la imagen de un documento dirigido a la UNP y emitido por el procurador delegado para Asuntos Étnicos, Ramón Esteban Laborde, donde se solicita "la activación del esquema de reacción inmediata con enfoque diferencial, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la senadora".
"Es indispensable que la UNP asuma de manera inmediata el llamado de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y se garantice el derecho a mi vida y seguridad personal", escribió la parlamentaria.
Las reacciones
La Fiscalía, por su parte, informó sobre la designación de un equipo de investigación para adelantar "actos urgentes que permitan el esclarecimiento del atentado en contra de la senadora Aida Quilcué".
Por su parte, la Defensoría del Pueblo exigió a los "actores armados ilegales que operan en esa zona" que respeten la la vida y los derechos humanos de la población civil y de los servidores públicos.
"Estos hechos atentan contra la democracia y la confianza en la participación y representación política de los pueblos étnicos", dijo el organismo.
En lo publicado en su cuenta e Twitter, la Defensoría recordó "la importancia de acoger las recomendaciones hechas en la Alerta Temprana 029-2020, para el municipio de Páez, cuyo propósito es preventivo".
Según esta alerta, emitida hace dos años, desde 2017 se ha incrementado la violencia ejercida por los grupos armados y la violación de los derechos humanos, tras el abandono de la zona por parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se acogieron al Acuerdo de paz.
Actualmente, recoge el reporte, los departamentos del Cauca, Huila y Tolima son un "corredor estratégico" para la movilización de grupos armados y productos.
La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, también expresó su "solidaridad profunda" con Quilcué y afirmó que el Gobierno seguirá "trabajando por la paz de y por la garantía de la vida y la seguridad de todas las personas".
El jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expresó su rechazo ante los hechos de violencia, y se refirió al ejercicio político de la senadora "en pro de comunidades indígenas y derechos humanos" como "fundamental para consolidar la paz en Colombia".
Por su parte, Camilo González Posso, presidente de la ONG Indepaz, que lleva un exhaustivo registro de los líderes sociales asesinados en el país, catalogó lo ocurrido como "un hecho gravísimo" porque, en su opinión, "muestra la persistencia de acciones organizadas".
"No es un hecho azaroso, no es un asunto de delincuencia común. Es importante que se investigue pero también que quienes están hablando con el Gobierno, acogiéndose al llamado de paz, hagan las denuncias, repudien", aseveró al respecto.
Del mismo modo, Feliciano Valencia, compañero de movimiento político y de bancada de Quilqué, pidió en un tuit que se garanticen "las medidas de seguridad para las lideresas y líderes en el Cauca".
En lo que va de año, de los 154 homicidios de líderes sociales en Colombia, 21 han sido en esa entidad del suroccidente del país.
Según publicaron los medios, Quilcué ha introducido ante la Fiscalía 120 denuncias por amenazas que ha recibido de distintos grupos armados, que operan en ese departamento colombiano.
Su esposo, el comunero Edwin Legarda, fue asesinado en diciembre de 2008 por miembros del Ejército, mientras transitaba por una vía cercana al lugar donde ocurrió el atentado contra ella, el pasado sábado.