Hidroituango tiene el tiempo en contra. Según el cronograma estipulado de la obra, el próximo 30 de noviembre deberían entrar en funcionamiento las turbinas 1 y 2 de la polémica represa que proyecta proveer 2.400 MW a Colombia, o lo que es lo mismo, el equivalente al 17 % de la energía que consume el país.
El problema es que la empresa responsable pide más tiempo para dar el banderazo de salida a la obra, ubicada en Antioquia, el segundo municipio más importante del país suramericano. La semana pasada, el presidente colombiano, Gustavo Petro, puso como condición que se evacuara a la población "como medida de precaución", antes de encender cualquier turbina.
La advertencia no es menor, en vista del turbio precedente que ha tenido la construcción de la represa. En 2018, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) junto con la Gobernación de Antioquia –máximos responsables del proyecto– ordenaron la inundación del embalse, sin permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Esa acción, ejecutada en una zona donde están activas más de siete fallas geológicas activas, provocó severos daños a las poblaciones aledañas, en vista de que uno de los tres túneles de desviación del cauce del río Cauca se obstruyó durante el llenado de la presa. Aguas abajo se generó una alerta, mientras que aguas arriba se inundaron los pueblos de Ituango y Sabanalarga.
Aunque la obra se gestó desde la década de 1970, los trabajos de construcción arrancaron en 2010. Desde entonces, las denuncias no solo han sido por las fallas estructurales del proyecto, sino porque su ejecución ha provocado violencia y desplazamientos entre las comunidades que rodean la presa.
¿Y ahora qué?
El viernes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, informó que había empezado el "encendido seguro de Hidroituango", con el inicio de chequeos previos antes de las "pruebas importantes" para poder mitigar los riesgos.
"Vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas, que reduzcan de manera ostensible y significativa el riesgo para las comunidades", dijo el burgomaestre en un video compartido en redes sociales. No obstante, aseveró que el sábado se firmaría una circular para "tener las herramientas" que permitan hacer evacuaciones preventivas.
"Yo particularmente no quiero encender Hidroituango si no está 100 % seguro", puntualizó Quintero. La presión por iniciar las pruebas no es únicamente para cumplir con el cronograma –modificado en varias ocasiones–, sino para evitar una millonaria multa.
En caso de que se incumplan los plazos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) podría imponer una sanción a los responsables –entre los que se encuentra EPM– que se eleva a 130.000 millones de dólares. Por ese motivo, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió la intermediación de Petro para ampliar el plazo previsto del inicio de operaciones de Hidroituango.
Según las estimaciones de Gaviria, la fecha tope es insuficiente para hacer las pruebas que faltan. Uno de los chequeos, que involucra a las turbinas y que comenzó el sábado, requiere un plazo de 36 días para su ejecución, por lo que se da por sentado que el 30 de noviembre será imposible la entrada de operaciones.
Si todo sale bien, la primera turbina podría ser encendida el 15 de noviembre y la siguiente el día 25 de ese mismo mes. Gaviria ha pedido una extensión de plazo para la entrega de la obra y que se exima del pago de la multa por incumplimiento.
"Hay riesgos económicos, jurídicos y financieros para el proyecto, pero también para las comunidades y la seguridad energética del país (…) Podrían necesitarse más días y por eso elevamos esta solicitud al presidente en defensa de la vida, la seguridad del proyecto y la seguridad energética", dijo Gaviria en una misiva pública.
Múltiples violencias
Aunque la defensa de sus vidas es utilizada hoy como argumento para pedir una prórroga, lo cierto es que las poblaciones aledañas a la represa sí han estado en riesgo en los últimos años por culpa del proyecto.
El año pasado, un informe reveló que más de 4.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, en un desplazamiento forzado ocurrido en el municipio Ituango, debido al enfrentamiento de grupos armados en la zona y "las inadecuadas intervenciones del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango".
Activistas de organizaciones como Movimiento Ríos Vivos llevan años alertando que la construcción de la represa tiene impactos negativos para las poblaciones de la zona, por factores como la contaminación del aire y del agua, los cambios en la dinámica fluvial del río Cauca y otros más en el medioambiente, además de la afectación de sus condiciones de vida y la "generación de conflictos motivados por la presencia del proyecto".
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia verificó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la central hidroeléctrica.
Las fallas de planeación, que han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas, también figuran como causas del desalojo de unas 113.000 personas, que fueron evacuadas durante las coyunturas, pero que han retornado de a poco a las localidades de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, principalmente.
Aunado a esa situación, las comunidades tienen años padeciendo las violencias del conflicto armado. Tan solo el año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia verificó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de la central hidroeléctrica.
La oposición al proyecto también ha causado violencia letal. Según un conteo de la organización de derechos humanos Front Line Defenders, hasta 2020 se registró el asesinato de más de 30 líderes sociales que se oponían al megaproyecto, entre ellos, seis pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos.
Evacuaciones, inspecciones y peleas
El fin de semana, EPM envió una carta a la Procuraduría General de la República, según medios locales, para asegurar que no había evidencia de "ningún comportamiento desfavorable que genere riesgos para la población", por lo que desaconsejaban un desalojo preventivo a las comunidades aguas abajo.
Sin embargo, la Procuraduría emitió un comunicado para insistir en la necesidad de "efectuar simulacros y simulaciones para verificar la validez y funcionamiento" de todos los protocolos, en caso de que se presente un "evento de poca probabilidad de ocurrencia, pero de altas consecuencias", como un fallo de la presa o de una de sus estructuras críticas.
El punto final sobre las evacuaciones lo puso la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR). El director de ese organismo, Javier Pava, dejó en firme la urgencia de la evacuación de los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia hasta el sector El Doce, de Tarazá, para "tener tranquilidad".
Este lunes, en declaraciones a Caracol, la ministra de Energía y Minas, Irene Vélez, confirmó que el gobierno ha solicitado a EPM que muestre "todos los análisis de riesgo" y le permita al Servicio Geológico Colombiano hacer una "inspección visual" a toda la presa, "para entender qué es lo que está pasando".
De momento, unas 5.000 personas tendrán que dejar sus hogares en los próximos días mientras se realizan las pruebas de la presa, y la medida podría extenderse a otros municipios. Bajo las aguas, entretanto, quedarán sumergidos años de lucha para evitar la construcción del proyecto y, quizá, las víctimas de un conflicto armado que posó la violencia en esas tierras durante más de medio siglo.
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