El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de reforma previsional que termina con las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), crea un mecanismo mixto con amplia participación por parte del Estado y prevé aumentar de manera gradual la Pensión Garantizada Universal.
"Más que tener un sistema de seguridad social lo que tenemos hoy día en Chile es un sistema que administra tus ahorros y donde cada uno se salva como puede", advirtió el mandatario al explicar la urgencia y necesidad de estos cambios.
En caso de aprobarse, este plan se convertirá en uno de los principales éxitos de Boric, ya que implica cambios que han sido discutidos desde hace dos décadas en el país y que sus antecesores han tratado de concretar, sin éxito.
A su favor, el mandatario cuenta con el desprestigio de las AFP, que fueron creadas durante la última dictadura militar (1973-1990). De hecho, los cambios en el sistema de pensiones fueron uno de los reclamos centrales del estallido social que vivió el país a fines de 2019 y que sentó las bases para que Boric pudiera ganar las presidenciales de 2021.
"Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFP, los chilenos y chilenas están cansadas de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Las AFP en esta reforma se terminan", advirtió Boric al presentar su plan en cadena nacional, y en medio de una fuerte expectativa política.
"Queremos construir un sistema de pensiones en que la gente confíe, no de manera gratuita ni un cheque en blanco, sino que les otorgue seguridad ante los vaivenes de la vida. Quiero invitar a todos los actores de esta discusión, parlamentarios, empresarios, a las AFP, trabajadores y trabajadoras, a alimentar un debate que ponga en el centro a las personas y sus necesidades. Hacer un llamado directo a un debate con responsabilidad y diálogo, pero sin dilaciones", convocó Boric desde el Palacio de la Moneda, la sede presidencial.
La iniciativa ahora será enviada al Congreso, que tendrá la última palabra.
Detalles
El proyecto se basa en un esquema tripartito en el que los aportes provienen por parte del Estado, los empleados y los trabajadores, y que abre la puerta a nuevos actores con la intención de estimular una competencia que beneficie a los pensionados, quienes podrán optar por capitalizar sus ahorros a través de inversionistas privados o públicos. Hasta ahora, la única y obligatoria opción era suscribirse a una AFP.
También establece que los aportes a cargo del empleador, que en el sistema actual son inexistentes, aumentarán de manera gradual hasta un 6 % pero no beneficiará de manera individual a cada trabajador, sino que se destinará a un Fondo Integrado de Pensiones con Registro Individual en el que parte de las pensiones se cotizarán con base en un esquema solidario entre los trabajadores de la misma generación. El 30 % sería el equivalente a un ahorro colectivo.
La intención es crear así un nuevo Seguro Social Previsional que tiene como objetivo mejorar las pensiones para todos los trabajadores, pero que también permitiría cubrir los derechos de quienes quedaron desempleados.
El destino de este 6 % es uno de los aspectos que ya comenzó a cuestionar la oposición aunque, en general, la reacción a la reforma ha sido favorable.
Por otra parte, la iniciativa prevé el fortalecimiento de Pensión Garantizada Universal (PGU) para ampliar su cobertura del 90 % actual a un 100 %, ya que serían incorporados pensionados que hasta ahora han sido excluidos.
Otro tema que cuenta con un incipiente consenso es la reorganización total de la industria previsional para bajar las comisiones de los afiliados, mejorar las pensiones a futuro y fomentar el ingreso de nuevos competidores en la administración de los fondos.
Con respecto a las AFP, serán sustituidas por Inversores de Pensiones Privados (IPP), sociedades anónimas enfocadas a la gestión de las inversiones de las cuentas de capitalización individual de los afiliados.
Junto con ellas, operará una entidad pública que se denominará Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y que tendrá como único fin invertir para maximizar la rentabilidad de los fondos previsionales.
Perspectiva de género
Durante su discurso, Boric subrayó en reiteradas ocasiones que el sistema de pensiones ha sido particulamente injusto con las mujeres.
En términos generales, el 72 % de las pensiones que actualmente se pagan son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. El impacto para las trabajadoras siempre es más negativo que el de los varones.
Por ejemplo, una mujer que cotizó la mitad de su vida laboral con un sueldo de 400.000 pesos (421 dólares), hoy recibe 257.000 pesos de pensión (270 dólares), lo que representa 9.000 pesos menos que un hombre en sus mismas circunstancias.
Según Boric, si se aprueba la reforma las pensiones de las y los trabajadores de este rango salarial aumentará de inmediato y de manera equitativa hasta los 390.000 pesos (410 dólares) porque la suba será mayor para las mujeres con el fin de compensar la discriminación de género que antes reducía este derecho.
El nuevo Seguro Social, añadió, también reconocerá el trabajo en labores domésticas y de cuidados que recaen principalmente en las mujeres y que no son reflejadas en el monto de sus pensiones.