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La CIDH investiga por primera vez el homicidio de un mexicano a manos de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.
El caso sienta un precedente sobre el brutal abuso de los agentes fronterizos en EE.UU.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará el caso de Anastasio Hernández Rojas, un inmigrante mexicano que falleció en el 2010, luego de ser agredido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En una audiencia, este viernes, se espera llegar a una resolución final para un proceso que comienza 12 años después del homicidio y que ha sido entorpecido por el encubrimiento constante de Washington.
Sea el resultado que sea, este caso sienta un precedente sobre el brutal abuso de los agentes fronterizos en EE.UU., pues es el primer caso de este tipo que llega a la CIDH y que será indagado por el órgano.
Hernández Rojas fue detenido el 28 de mayo de 2010 por la Patrulla Fronteriza mientras intentaba cruzar a San Diego, California, y fue llevado hasta un centro de detención, donde fue esposado, golpeado, amarrado e inmovilizado. Cuando ingresó al hospital ya había muerto debido a un paro cardiaco y daño cerebral. Su muerte se dictaminó como un homicidio, pero nadie fue detenido ni responsabilizado.
La viuda, María Puga, culpa de "tortura" a los agentes que detuvieron a su esposo y acusa a un equipo de la Patrulla Fronteriza de destruir evidencia, alterar pruebas y obstruir la investigación penal con el objetivo de "encubrir la responsabilidad estatal por el asesinato". Durante casi un siglo, ningún agente de la Patrulla Fronteriza ha sido condenado penalmente o castigado por haber causado la muerte de una persona. Es por ello que resulta increíble que, hasta ahora, exista un caso con tanta fuerza legal como el de Anastasio.
Según cifras de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, al menos 245 personas han sido víctimas directas de la Patrulla Fronteriza desde el 2010. Según sus registros, 61 personas murieron por uso excesivo de la fuerza, 88 por accidentes automovilísticos —77 de ellos por persecuciones directas— y 53 más responden a la falta de servicios médicos mientras estaban bajo su resguardo. Al menos otras 15 personas fallecieron por homicidios cometidos por oficiales fuera de servicio. Del resto, se desconoce las causas de su muerte.
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