Con el trámite en veinte congresos estatales, la Cámara de Diputados de México emitió este martes la declaratoria de aprobación de la reforma para prorrogar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.
Una vez emitido el proyecto de declaratoria, se turnó al Senado para sus efectos constitucionales. Con el trámite completado en ambas cámaras, el Ejecutivo publicará la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su eventual entrada en vigor.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado modifica el quinto artículo transitorio del decreto de la Guardia Nacional, que fue publicado en el DOF el 26 de marzo de 2019. Con ello, se extendió la labor del Ejército y la Marina Nacional en labores de seguridad pública desde 2024, como estaba estipulado originalmente, hasta 2028.
Como parte del proceso de reformas constitucionales, 17 de los 32 congresos estatales debían avalar el proyecto. Este requisito fue cumplido después de que los legisladores de veinte entidades dieron trámite.
Hasta este martes, los congresos de una veintena de entidades dieron su aprobación a la reforma a la Guardia Nacional: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México.
Polémica reforma
La reforma fue objeto de controversia en el país latinoamericano. Mientras el oficialismo defendió que el proyecto permitirá consolidar a la Guardia Nacional, la oposición criticó que en realidad profundiza la militarización de la seguridad pública que inició desde 2007, con la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente panista Felipe Calderón (2006-2012).
La reforma avala que la Guardia Nacional, una institución cívico-militar, quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, se crea una comisión bicameral que podrá convocar a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. Por otra parte, en la reforma se establece un fondo permanente de apoyo a las entidades y municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.