El mandatario boliviano, Luis Arce, decretó la realización del Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024, y también estableció la fecha cuando deberán redistribuirse los recursos presupuestarios conforme a los resultados de este censo: septiembre de 2024.
El mandatario dirigió también un mensaje al país, en el que destacó que la realización del censo nacional ha sido utilizada como una bandera política por la oposición. Condenó todo tipo de violencia, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde se registró la muerte de cuatro personas y el bloqueo forzoso de carreteras.
"Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos", dijo Arce en referencia al gobernador cruceño, Fernando Camacho, y varios dignatarios más. "En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es la toma de decisiones en beneficio de las mayorías", recordó el presidente.
Arce reveló que el censo de 2012 se hizo sin la actualización cartográfica, que consiste en un barrido general de pueblos y ciudades para conocer el número de viviendas y familias que viven en cada manzana, y actualmente ese complejo proceso está en plena realización en las ciudades capitales. Esta medida preparativa fue la principal razón para postergar el empadronamiento, pero el Gobierno lo adelantó respecto lo sugerido por organismos internacionales. A su vez, la redistribución de recursos, designada para septiembre de 2024, se implementará un mes antes de lo que el Gobierno tenía programado.
La decisión del presidente se da a conocer en el día 21 del paro declarado en Santa Cruz, cuyas autoridades buscaban adelantar el censo. Pedían que se realice en 2023 para que sus datos se apliquen en 2025, cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales.
La "excusa perfecta"
La crisis comenzó en julio, cuando el Gobierno pospuso el censo para 2024, alegando cuestiones técnicas derivadas de la pandemia de coronavirus. En principio, el estudio debía realizarse este mes, lo que generó protestas sobre todo en Santa Cruz.
El gobernador de Santa Cruz ha convocado para el domingo a un cabildo, donde se decidirá el curso del paro cívico tras la designación de la fecha del censo.
Según el analista internacional Gabriel Villalba Pérez, la oposición busca destituir a Arce y "no importaba la fecha del censo", lo que pretendían las autoridades de Santa Cruz es "tener una bandera de lucha" y encontraron una "excusa perfecta" para "emular las condiciones de la subversión del orden constitucional" de 2019.