Hay cuerpos de mujeres que no registran un embarazo. Mantienen la menstruación, los pechos y la panza no les crecen. Es una gestación sin síntomas.
Se conoce como 'trastorno de negación del embarazo' y se calcula que ocurre una vez cada 475 nacimientos. Y es lo que le ocurrió a 'La China', una mujer que el 15 de diciembre de 2020 estaba acostada en su casa en Buenos Aires cuando sintió un fuerte dolor de ovarios, sangró y pensó que era la abundante y lastimosa regla que ha tenido toda la vida. Los síntomas eran los mismos que sentía cada mes.
Pero no. Acababa de expulsar a un feto y la placenta. Ella pensó que eran coágulos, porque no sabía que estaba embarazada, no había tenido síntoma alguno. Era tanta la sangre, que decidió tirar la sábana en un contenedor cercano a su casa. La encontró un "cartonero" que avisó a la Policía.
La detuvieron. Dos semanas después, el Congreso legalizó el aborto en Argentina. Los beneficios de un derecho por fin reconocido y despenalizado no alcanzaron a 'La China', quien ya lleva dos años presa y este lunes protagoniza el inicio de un juicio que ha movilizado a los colectivos de un país que está a la vanguardia de los feminismos en América Latina.
'Libertad para La China', es el lema con el que difunden en los medios y en las redes una historia que refleja la criminalización que sigue afectando a mujeres que enfrentan la interrupción de sus embarazos, ya sea voluntaria o involuntariamente.
De acuerdo con registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una reconocida organización de derechos humanos, en Argentina hoy avanzan 1.532 causas judiciales por el "delito" de aborto en 17 provincias.
"Esto tiene que tener final en algún momento. Le pido a Dios todos los días que los jueces y fiscales entiendan mi situación. No puede ser que yo sea el único caso que me pase. Tenemos que luchar para que la gente entienda que es una situación que puede pasar cualquiera y sucede", dijo 'La China' en una entrevista con el portal Latfem en el que, desde la cárcel, narró los maltratos que ha sufrido desde que fue detenida.
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Revictimización
'La China', apodo con el que se conoce para proteger su identidad, es una mujer venezolana de 43 años que llegó a Buenos Aires en 2017 junto con su pareja y sus dos hijos menores de edad. Uno de ellos tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Su historial clínico demuestra que su cuerpo no registra la gestación. Le pasó con sus dos hijos y con otros dos embarazos que perdió de manera espontánea.
"La subjetividad de La China está atravesada por condiciones que le impiden notar un estado de gravidez (...) lo que transitó fue un parto en avalancha que no pudo registrar y en su caso, se sumó a su condición psicofísica", explicó el CELS en un comunicado en el que advirtió que las emergencias obstétricas son bastante más comunes de lo que se cree.
El problema es que la justicia penal pone sus herramientas al servicio de la criminalización cuando quienes sufren esos eventos son mujeres pobres, migrantes y racializadas.
"(Son) situaciones involuntarias y traumáticas en el curso de un embarazo en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo, en contextos de precariedad, miedo o vulnerabilidad, terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona. Son modos de criminalizar la capacidad reproductiva de quienes no se ajustan a modelos estereotípicos de maternidad", acusó.
Los médicos que examinaron a 'La China' coincidieron en que presentaba una negación generalizada del embarazo, que redundó en un desconocimiento total sobre él. No se hizo controles ni pudo prever un parto. Además, la enfermedad placentaria que tiene y que la llevó a perder antes embarazos avanzados, hizo que el feto que gestaba no naciera con vida.
"Desde que fue detenida, fue tratada por el sistema de justicia en base a prejuicios y preconceptos, fue revictimizada, se le impidió sobrellevar el proceso detenida en su domicilio, se la alejó de sus hijos y de su trabajo. El caso de La China nos puso frente al desconocimiento de parte del poder judicial sobre las emergencias obstétricas y vemos cómo hace pasar fenómenos de salud por el molinete penal", añadió.
El juicio comenzará en un tribunal de Buenos Aires hasta donde marcharán diferentes colectivos para exigir su libertad porque, de lo contrario, sentará un peligroso precedente que violaría el derecho al aborto ya legalizado.