La CIDH presentó su tercer informe sobre Ayotzinapa: ¿cuáles son las recomendaciones al Gobierno?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Tercer Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento sobre el caso Ayotzinapa, en el que incluyó 36 recomendaciones para continuar con una compleja investigación que en los últimos meses ha estado envuelta en múltiples controversias.

El documento fue presentado en la Escuela Normal Isidro Burgos, en Guerrero, desde donde el 26 de septiembre de 2014 salieron los contingentes de estudiantes que iban a la Ciudad de México y que, en el camino, fueron interceptados por militares, policías municipales, estatales y federales, y narcotraficantes.

La titular del Mecanismo, Esmeralda Arosemena, fue la encargada de dar a conocer el Informe junto con la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y en presencia de familiares de los 43 jóvenes desaparecidos.

A lo largo de 121 páginas, el texto explica la participación que el organismo ha tenido en el caso, el cambio que representó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia para avanzar en la investigación, los mecanismos que se han implementado para lograr el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos, la estrategia de búsqueda de los 43 estudiantes y la atención a las víctimas.

Pero también hay preocupación por la independencia para continuar la investigación, por las filtraciones a la prensa que ponen en riesgo los juicios, por las órdenes de aprehensión contra militares involucrados que se suspendieron sin que hubiera razones claras, por la resistencia de las Fuerzas Armadas a otorgar toda la información posible, a pesar de que se los ha pedido el propio presidente.

Por eso, una de las recomendaciones es la de profundizar la investigación sobre la participación de agentes de las fuerzas militares y policiales, la relación entre fuerzas de seguridad con grupos criminales imperantes en Guerrero, y la instrucción jerárquica que dio lugar y permitió la desaparición de los estudiantes.

Peleas y filtraciones

La CIDH también apunta a esclarecer la llamada "verdad histórica" con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió cerrar la investigación, a fin de establecer las responsabilidades jerárquicas de los funcionarios involucrados en la creación de una falsa narrativa que solo pretendía encubrir a los responsables.

Además, convoca a fortalecer la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Esto, luego de que en septiembre pasado el titular Omar Gómez Trejo renunciara debido a su enfrentamiento con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Para el organismo, es necesario que el Estado adopte una política de comunicación en torno a Ayotzinapa que se coordine entre las dependencias involucradas para otorgar a la sociedad la información pertinente, pero sin poner en riesgo la investigación.

En ese sentido, subraya la necesidad de continuar con las investigaciones en torno a filtraciones periodísticas de piezas reservadas. Se refiere a los chats entre presuntos responsables de la desaparición que fueron incorporados en el informe de la Comisión de la Verdad que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Aunque estaban cubiertos con franjas negras, la versión sin censura fue filtrada a algunos medios, lo que provocó un escándalo por el desaseo de la causa, y por la revictimización que implicaba para los familiares debido al grado de violencia que mostraban las capturas de las conversaciones telefónicas, cuya veracidad después ha sido puesta en duda.

Por otra parte, hace un llamado especial a adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los testigos de identidad reservada, evaluando periódicamente su exposición a riesgo de su vida e integridad por el hecho de prestar su testimonio y cooperación en el caso.

Polémica y pendientes

La CIDH considera fundamental esclarecer la cancelación de las órdenes de aprehensión que involucraban a 21 personas por los delitos de delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración pública. 16 de ellos eran militares.

Esa cancelación, que fue solicitada por el fiscal general, motivó la renuncia del titular de la UEILCA, quien denunció intromisiones indebidas que ponían en riesgo la investigación.

Más allá de las controversias, el informe conmina a continuar la búsqueda de los estudiantes y capacitar al personal ministerial y pericial para asegurar que las diligencias forenses, de localización, exhumación, identificación y restitución de restos se realicen bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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Entre los pendientes, destaca la urgencia de poner en marcha el ya prometido Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas y el Registro Nacional de Personas fallecidas No Identificadas, así como crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses, que sea independiente de los órganos de procuración y administración de justicia.

Con respecto al seguimiento de medidas estructurales, la CIDH recuerda que los hechos de Ayotzinapa no son aislados.

"Ocurren en un contexto de desaparición de personas en México ampliamente documentado que supera las 100.000 personas reportadas como desaparecidas y más de 52.000 restos de personas fallecidas sin identificar", precisa.

Por ello, señala, sigue pendiente la implementación de una política integral de prevención de las desapariciones en México.