Con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú decidió este miércoles admitir para su discusión la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides, titular de la Fiscalía de la Nación, contra el presidente Pedro Castillo, por los casos conocidos como MTC-Puente Tarata y Petroperú, informan medios oficiales.
El mandatario es señalado de encabezar una organización criminal al interior del Estado, tráfico de influencias y colusión agravada, delitos en los que presuntamente también habrían participado los exministros de Transportes y de Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente.
El jefe del Ejecutivo es acusado de haber designado a Juan Silva, quien se encuentra prófugo de la Justicia, al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para "controlar y direccionar" las licitaciones del proyecto Puente Tarata en favor de empresarios y colaboradores de su campaña presidencial.
En cuanto al caso Petroperú, a Castillo se le acusa de haber nombrado a Hugo Chávez para copar la dirigencia de esa empresa paraestatal con personal afín a sus intereses, y así beneficiar a la compañía Heaven Petroleum Operators en un proceso de adquisición de biodiesel.
Según la denuncia, presentada en octubre pasado, en ambos casos el 'modus operandi' sería similar y habría existido "conexión fáctica" entre ellos, al considerar que "se trata del accionar de una misma organización criminal en diversos estamentos del Estado".
Tras ser aprobada, la denuncia pasará a la Comisión Permanente del Congreso y, en caso de que esta le dé el visto bueno, se conformará una comisión acusadora para presentarla al pleno para su posterior debate.