La Justicia brasileña ordenó bloquear las cuentas bancarias de 43 personas físicas y jurídicas sospechosas de financiar los actos bolsonaristas de protesta contra la victoria electoral del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde el pasado 30 de octubre, descontentos con la estrecha victoria de Lula, miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro participaron en bloqueos de carreteras en varios puntos de Brasil y en actos frente a los cuarteles del Ejército con consignas a favor de la "intervención militar" y del golpe de Estado, con el argumento de que hubo fraude.
En su gran mayoría, las cuentas bancarias bloqueadas son de personas o empresas del poderoso sector del agronegocio, uno de los pilares del ascenso de Bolsonaro al poder.
La medida fue determinada el pasado 12 de noviembre por el juez Alexandre de Moraes, el mayor enemigo de Bolsonaro en el Supremo Tribunal Federal (STF), para frenar la adjudicación de recursos para "actos antidemocráticos", desde camiones hasta facilidades como baños móviles o comida.
"Grandes cantidades de dinero"
"El potencial nocivo de las manifestaciones ilícitas se potencia absolutamente considerando la condición financiera de los empresarios identificados como involucrados en los hechos, ya que cuentan con grandes cantidades de dinero, como personas naturales, y dirigen grandes empresas, que cuentan con miles de empleados", escribió el juez en su decisión.
Ello "exige una reacción absolutamente proporcional del Estado, en el sentido de garantizar la preservación de los derechos y garantías fundamentales y eliminar la posible influencia económica en la propagación de ideales y acciones antidemocráticas", agregó.
Los actos calificados también como "antidemocráticos" y "golpistas" disminuyeron mucho en intensidad desde hace varios días, sobre todo después de que Bolsonaro pidiera a los manifestantes que despejasen las carreteras en un mensaje en el que advirtió, sin embargo, que las protestas eran fruto de la "indignación e injusticia" por el proceso electoral.
La semana pasada, las Fuerzas Armadas de Brasil reafirmaron su compromiso con la democracia y el Ministerio de Defensa de Brasil entregó un informe al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que indicó que no hubo fraude en los comicios.
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