La Asociación de Funerarias de Santa Cruz, en Bolivia, se movilizó este viernes con ataúdes y coches fúnebres para pedir el levantamiento de los bloqueos en las calles, cerradas al tránsito por el paro, informó Página Siete.
Los operadores de sepelios aclararon que no están en contra de las protestas por la fecha del censo de población y vivienda, pero piden "respeto por el difunto" y que se les permita circular para cumplir con los cortejos.
"Lo que pedimos es respecto por el dolor ajeno, a lo largo de estos 26 días de paro, lastimosamente, hemos tenido muchos incidentes con nuestros socios y colegas, quienes se han visto afectados y hasta que tuvieron que bajar a los muertos de los autos fúnebres, lo cual es un atropello al sentimiento por los dolientes y para el ser querido cuando se los lleva al camposanto o crematorio", manifestó uno de los representantes de la Asociación.
Las funerarias marcharon hacia el monumento El Cristo, en el centro del departamento, para exigirle al Comité Pro Santa Cruz que deje a las empresas de servicios de sepelios atravesar las calles bloqueadas por la protesta.
"Pedimos comprensión y respeto. No llevamos maniquíes dentro de los ataúdes, como otras personas dicen. No estamos locos para jugar con el dolor ajeno", afirmó Magaly Claros, representante de las compañías y una de las impulsoras de la movilización.
Según contó la mujer al periódico El Día, los grupos opositores que mantienen las vías cerradas ponen en duda que haya cuerpos dentro de los féretros y no quieren dejarles pasar.
"En ocasiones nos movilizamos con ataúdes vacíos, luego los trasladamos con los cadáveres hasta donde lo requiere la familia doliente y los retornamos vacíos. Eso lo hacemos no porque nos dé la gana de circular, sino porque son normas que se rigen", aseguró Claros.
Además, señaló que los que respalda el paro han llegado a romper la tapa de los ataúdes "para corroborar si es un difunto o no".
El conflicto entre el Comité Cívico Santa Cruz y el gobierno de Bolivia por la fecha del censo está próximo a cumplir un mes y ya causó al país pérdidas por valor de más de 800 millones de dólares.
La oposición de derecha exige que el estudio demográfico se realice en 2023 para actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe, en función de una cantidad de habitantes que considera superior a la que maneja la última estadística oficial.
Por su parte, el Ejecutivo que encabeza Luis Arce ya decidió por decreto que ese relevamiento será el 23 de marzo de 2024, y no antes, ya que no hay posibilidades técnicas para ello.