El Gobierno de Bolivia, de la mano de su presidente, Luis Arce, y tras las recomendaciones de la mesa técnica, fijó la semana pasada la fecha del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, el Comité Cívico de Santa Cruz y su gobernador, el opositor Fernando Camacho, no están dispuestos a levantar el paro, a casi un mes de su inicio.
En este contexto, RT habló con el vocero presidencial, Jorge Richter. Según explica, la postura de Camacho obedece a su deseo de construir una "herramienta política" que le permita tener el "control territorial del departamento de Santa Cruz". Asimismo, y por medio de la "presión" y "la violencia instalada", busca como objetivo final "avanzar hacia una ruptura institucional" y lograr la "reversión del estado plurinacional de Bolivia".
"Quieren construir un gobierno que les sea afín en términos de identidades sociales. Por supuesto, esto significa una sociedad de jerarquía sociales que el estado plurinacional, precisamente, desde el año 2009, dejó atrás", asegura.
Una herramienta política que se repite
Richter considera las acciones de quienes intentan desestabilizar actualmente el país como una "herramienta política para la convulsión social y la ruptura institucional", y recuerda que ha sido una estrategia que ya se ha visto años atrás. Citando la crisis política de 2019 en Bolivia y el paro cívico de 2021, subraya que en esta ocasión "han tratado de presionar mediante el mismo mecanismo con el pretexto del proceso censal".
"Es fundamentalmente una herramienta política y en esa perspectiva hay que tener mucho cuidado porque buscan la interrupción constitucional", reitera.
"Se busca devastar la economía"
Este viernes el Comité Interinstitucional de Santa Cruz llamó a mantener el paro que, según el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha causado pérdidas millonarias.
Al respecto, Richter enfatiza en que la situación económica de esa región del país se ha visto "profundamente afectada", con pérdidas diarias de alrededor de 35 millones de dólares, que a 28 días de paro suman aproximadamente mil millones. "Sin lugar a dudas vamos a tener una afectación del PIB y del crecimiento de alrededor de 0,5 puntos porcentuales", detalló.
"Lo que se busca es devastar la economía para que este sea uno de los elementos que puedan exponer como aquello que están buscando: el fracaso del Gobierno", concluye.