El Poder Judicial de Perú ordenó la "reparación integral de las víctimas de la esterilización forzada" durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas (Ampaef) publicó en su cuenta de Twitter la imagen de la resolución del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que declaró con fundamento el proceso de amparo contra el Ministerio de Justicia. Esta acción fue promovida por un grupo de mujeres afectadas por esta práctica, entre las que se encuentran Inés Condori Anaya, María Esther Mogollón, Raquel Reynoso y Romy García.
Al respecto, la Ampaef escribió en el trino que "acoge con beneplácito la Resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima y exige al Ministerio de Justicia su cumplimiento, ¡ahora!".
En julio de 2021, el Ministerio de Justicia expuso que las esterilizaciones, que fueron presentadas como una medida estatal de planificación familiar, fueron realizadas en los años 90 por la cartera de Salud, por lo que se negó a implementar una política de reparaciones integrales para atender a las afectadas.
Según denunció la mencionada Asociación y el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas en Perú (GREF), esta decisión impidió "la obtención de verdad y justicia de miles de mujeres", recoge La República.
Posteriormente, en marzo de este año, se inició el juicio por las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas cientos de miles de personas, especialmente mujeres indígenas en situación de pobreza durante el último mandato de Fujimori. Las denunciantes criticaron en varias oportunidades los retrasos y aplazamientos del proceso judicial.
¿Qué dice la resolución?
En la decisión se dispone que se emita la resolución ministerial que reconozca "el derecho constitucional a la reparación integral a las víctimas de esterilización forzada" de las personas agrupadas en la Ampaef y que se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada (Reviesfo).
Asimismo, se ordena a la cartera de Justicia que se implemente una política de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilización forzada que cumplen con los requisitos antes mencionados.
El Reviesfo está compuesto por cerca de 8.000 víctimas, lo que corresponde solo a una fracción de los 320.000 afectados, entre mujeres y una minoría de hombres, que calcula la Ampaef.
Este caso es considerado una de las más escandalosas muestras de violencia contra la comunidad nativa y pobre del país. Las mujeres que fueron sometidas al procedimiento llevan más de 25 años esperando una sentencia y una petición de perdón.