El plazo se cierra mañana. En medio de presiones políticas, advertencias judiciales y la tensión de la población que ha sido desplazada para la entrada en funcionamiento de la obra, este miércoles debería arrancar la polémica presa Hidroituango, en Colombia.
En caso de que no sea así, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió que iniciarán investigaciones penales para sancionar a los responsables del proyecto, que siguen en fases "de prueba" desde el pasado sábado.
"La Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser de prioridad nacional", dijo Barbosa, citado por Caracol. Desde esa instancia evalúan qué tipo de sanciones podría acarrear el incumplimiento de los plazos para la entrega de la hidroeléctrica que proveerá el 17 % de la demanda interna en Colombia.
¿Qué pasa con la obra?
Aunque la obra se gestó en la década de 1970, los trabajos de construcción arrancaron en 2010. Desde entonces, las denuncias no solo han sido por las fallas estructurales del proyecto, sino porque su ejecución ha provocado violencia y desplazamientos entre las comunidades que rodean la presa.
En 2018, por ejemplo, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) junto con la Gobernación de Antioquia –máximos responsables del proyecto– ordenaron la inundación del embalse, sin permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que provocó severos daños a las poblaciones aledañas.
Por ese motivo, organizaciones civiles como el Movimiento Ríos Vivos han alertado que la puesta en marcha de la hidroeléctrica tiene impactos negativos para las poblaciones de la zona por factores como la contaminación del aire y del agua, los cambios en la dinámica fluvial del río Cauca y otras afectaciones al medioambiente.
El lunes, la organización emitió un comunicado para reiterar que el encendido de las turbinas "no solo genera un riesgo para las poblaciones aguas abajo de la represa", sino también a las comunidades aledañas porque "en caso de suceder algo las montañas perderían su estabilidad".
No obstante, los integrantes del movimiento regresaron a sus territorios después de las acciones de protesta al frente de la sede de EPM. El fin de su movilización se dio después de pactar acuerdos como una "evacuación digna"; estudios adicionales del macizo rocoso antes del 1 de diciembre; el cese de la estigmatización a los líderes sociales que se movilizan contra la obra; la implementación de mecanismos de seguimiento a las poblaciones cercanas a la presa y el cumplimiento a los compromisos de inversión.
"El riesgo que produce el megaproyecto en su conjunto y el encendido de turbinas en particular sigue latente. El Movimiento Ríos Vivos seguirá vigilando el cumplimiento de estos acuerdos, alertando sobre los riesgos asociados a Hidroituango y luchando porque haya verdad, justicia y reparación por los impactos de la megaobra impulsada por EPM", recalcó la organización. Sin embargo, la nueva postura parece bajar las confrontaciones a nivel social.
Mientras tanto, en las últimas horas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha usado sus redes sociales para compartir los avances de la obra. "La prueba de cortocircuito largo y se avanza en la prueba de vacío", comunicó en su más reciente trino, acompañado de un video en el que usa dos monedas para demostrar que no hay vibraciones en la unidad dos.
"Nos quedan 42 horas", recalcó el burgomaestre que ha sido una de las caras visibles para darle impulso a Hidroituango, aunque –paradójicamente– se opuso fervientemente al proyecto antes de ganar las elecciones a la alcaldía.
Más allá de la presión con los tiempos para evitar una investigación penal de Fiscalía, el otro riesgo de incumplimiento de los plazos es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) imponga una sanción a los responsables –entre los que se encuentra EPM– que se eleva a unos 200 millones de dólares.
Ante esa posibilidad, a principios de este mes el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió la intermediación del presidente Gustavo Petro para ampliar el plazo previsto del inicio de operaciones de Hidroituango. La respuesta del Ejecutivo fue una petición para que se tomen todas las previsiones que permitan resguardar a las poblaciones: "Es primero la vida", insistió el mandatario.
El apagón, la alarma y las tensiones
La recta final tampoco ha estado exenta de confrontaciones políticas. Por un lado, Quintero ha sido duramente criticado por el manejo proselitista que ha hecho de la obra, mientras que la oposición se empeña en dejar claro que –si Hidroituango se inaugura a tiempo– será un logro de los ingenieros y no del político.
En su afán por acallar las críticas a la obra, la semana pasada Quintero aseguró que si la hidroeléctrica no se inauguraba este año, el país podría sufrir un apagón. Sus declaraciones fueron inmediatamente respondidas por la propia ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien censuró esos dichos: "Es importante no generar esa sensación de inseguridad frente al abastecimiento de energía eléctrica", sostuvo durante una audiencia pública en el Congreso de la República.
Mientras las horas avanzan, todavía es una incógnita si la Creg concederá más tiempo a Hidroituango, que hasta ahora argumenta que la obra podría estar lista, pero que su puesta en marcha tiene como escollo el desalojo de las comunidades aguas abajo, por petición del Ejecutivo, ya que implica un amplio proceso de concertación que todavía no está cerrado.
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