El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este viernes la ley del censo que se realizará el 23 de marzo de 2024, una fecha que se acordó después de un largo conflicto con el ultraderechista gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
"Para que no se derrame la sangre del pueblo, promulgamos esta Ley", anunció el mandatario en un mensaje a la nación en el que hizo un recuento del conflicto, que provocó una de las crisis políticas más graves de su Gobierno.
Arce aseguró que escuchó al pueblo y tomó en cuenta los diálogos con la oposición y otros sectores sociales, además del trabajo de una comisión técnica.
"El censo se llevará a cabo el 23 de marzo de 2024, porque es con todos ustedes con quienes me comprometí a mantenerme firme en lo que técnicamente es correcto", afirmó.
También reconoció que hay militantes de su propio partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) que no están de acuerdo con su decisión.
"Con algunos asambleístas hemos tenido una mirada distinta sobre el conflicto y la forma de resolverlo, pero eso no significa que seamos enemigos ni que tengamos horizontes distintos, como la justicia social. Debemos aprender a respetar otros criterios y a escucharnos", convocó.
Arce rechazó que, como algunos lo acusan, haya cometido algún tipo de traición, ya que gracias a este acuerdo evitó que se consumara un nuevo golpe de Estado y que hubiera más víctimas. "La vida es un bien supremo a cuidar", dijo.
Al respecto, el expresidente Evo Morales escribió en sus redes sociales. "La promulgación de la ley del censo por parte de nuestro hermano presidente será un error histórico al ser la primera vez que un mandatario firma una ley que hace innecesario su propio decreto. ¿Esta consecuencia habrá sido premeditada por la oposición golpista?".
Reclamos
Aunque mantuvo un tono conciliador, el presidente acusó a los opositores de haber engañado a la población de Santa Cruz para generar una convulsión social, enarbolar el censo como una bandera política e incentivar un clima de violencia que trataron de replicar en otros departamentos.
Lamentó, además, que los 36 días del paro en Santa Cruz hayan dejado pérdidas por 1.200 millones de dólares.
El conflicto comenzó en julio pasado, cuando el Gobierno pospuso para 2024 y por decreto el censo nacional que debía realizarse en noviembre de este año, lo que la oposición impugnó, en particular el departamento de Santa Cruz, al denunciar que los datos poblacionales estaban desactualizados e impactaban tanto en el reparto de recursos económicos como de escaños en la Asamblea Legislativa.
La tensión fue en aumento hasta que el pasado 22 de octubre Camacho, quien fue uno de los principales impulsores del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, encabezó el inicio de un paro en protesta por el retraso del censo nacional.
Desde ese día hubo enfrentamientos, marchas, problemas de abastecimiento de alimentos y gasolina y múltiples convocatorias del Gobierno a negociar.
El paro terminó el sábado pasado. Tres días después, el Senado aprobó la ley del censo que incorporó algunas de las demandas de Camacho.
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