La denuncia por racismo y violencia sexual contra una mujer y sus hijos en un colegio que sacude a Colombia

Una historia de racismo plagada de supuestas golpizas y agresiones sexuales ha causado impacto y rechazo en Colombia, luego de que una madre afrodescendiente relatara los vejámenes que habrían sufrido sus dos hijos menores de edad en un colegio del departamento de Boyacá.

Según una investigación periodística de Semana, Kerlin Murillo Mena obtuvo un cargo como profesora de inglés en la Institución Educativa El Rosario, ubicada en el corregimiento de Morcote, en el municipio Paya (Boyacá).

La mujer, junto a sus dos hijos, de cinco y nueve años, huía de la violencia causada por los enfrentamientos armados en el departamento del Chocó, una de las entidades con más altos niveles de pobreza en el país suramericano.

Al comenzar la labores docentes de manera presencial, según su testimonio, la mujer fue rechazada en la institución educativa por la pigmentación de su piel y fue víctima de segregación social y racial y acoso laboral. "No sé cómo lo resistí", afirmó. 

Los actos de racismo no solo habrían sido contra ella, sino que también se dirigieron a sus hijos.

Al quejarse ante las autoridades, sostiene Ligia Castaño, madre de un estudiante de esa institución, "se echó de enemigos a los profesores, rector y secretaria, todos se fueron contra ella", lo que incluiría a la familia del concejal Jorge Tabaco Largo, del partido uribista Cambio Radical.

Larga lista de torturas y vejaciones

Murillo mena relató la serie de golpizas, abusos y violencia sexual que habrían cometido en contra de su hijo de cinco años.

"Comenzaron por echarle orín en la boca a Keiner, el de preescolar. A meterle el pene en la boca, lo accedían carnalmente metiéndole el pene en su ano y lo golpeaban", aseveró.

El menor habría sufrido varias torturas. En el plantel supuestamente le amarraron su órgano sexual con una cabuya para tirar de él y lo habrían lanzado desde la parte más alta de un tobogán al suelo, lo que le causó una fractura en el cráneo que persiste en la actualidad. "Ha deteriorado el proceso cognitivo de mi hijo", aseguró la denunciante.

Según lo expresado por la docente, el 4 de abril de este año el niño habría sido abusado sexualmente por siete menores de ese colegio. Este hecho lo respalda un informe médico al que tuvo acceso el citado medio, donde se afirma que se observó una "abrasión" en la región anal del menor y "dolorosa a la exploración", además de una "herida en proceso de cicatrización" en esa zona.

Los niños, además de ser golpeados salvajemente, también habrían sido víctimas de insultos racistas y sexuales por parte de otros estudiantes.

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Su hijo de nueve años, expresó la madre, recibió agresiones y fue herido en las cejas, el mentón, el pecho y la oreja al tratar de defender a su hermano menor de sus agresores.

Del mismo modo, el niño de cinco años contó que un estudiante de bachillerato lo lanzó por unas escaleras mientras le decía: "Váyase, negro hijo de puta".

¿Qué dicen las autoridades del colegio?

Jorge Humberto Cuy Niño, rector de la institución educativa, señalado por Murillo Mena de ordenar los ataques contra sus hijos, cataloga como "blasfemia" las acusaciones en su contra.

La máxima autoridad de la institución educativa niega que haya actos de segregación allí y desmiente todo lo expresado por la educadora, a la que acusa de ser la agresora de sus hijos.

Cuy Niño dice que los menores tenían "mala convivencia", que se golpeaban entre ellos mismos, y que por eso los compañeros de estudios "reaccionaban".

En cuanto a los señalamientos de agresión sexual, aseveró que no ocurrieron en la institución que dirige.

Estas afirmaciones fueron negadas por la docente Yenifer Payares, quien acogió a la familia en su casa luego de que fueran reubicadas en el municipio de Chita, a una cinco horas de distancia.

Reacciones oficiales

La Defensoría informó el domingo que activó una "ruta de protección" para las víctimas y aseveró que la docente se trasladó a otra institución educativa "para prevenir que se repitan estas conductas vulneratorias en contra de esta familia".

La regional de la Defensoría en Boyacá "realizó el debido acompañamiento y las recomendaciones necesarias para prevenir que estos actos se sigan repitiendo", notificó el organismo.

Un día antes, la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, pidió a la Fiscalía investigar el caso y expresó en un trino su "rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista".

"El racismo mata, daña familias y sociedades. Es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad", escribió la también ministra de Igualdad.

Hasta ahora, el Ministerio Público no se ha pronunciado. 

El gobernador de ese departamento, Ramiro Barragán, adelantó que "la Procuraduría avanza en la investigación de los hechos".

Por su parte, la Comisión Legal Afrocolombiana de la Cámara de Representantes publicó un comunicado de rechazo a lo ocurrido, pidió "celeridad en las investigaciones", exigió que se proteja de manera efectiva a la familia afectada, que se le brinde atención psicológica y que ocurra "reparación especialmente a los menores de edad".