El juicio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegará el martes a su fin en un ambiente de tensión política: mientras la acusada tiene la certeza de que la van a declarar culpable de corrupción, los escándalos por la parcialidad de los jueces y fiscales que participaron en el proceso están a la orden del día.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes conforman el Tribunal Oral Federal número 2, comenzarán la audiencia a las 09:30 hora local, pero se prevé que el veredicto se dé a conocer pasado el mediodía.
La expresidenta está acusada de haber encabezado una asociación ilícita que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.
A lo largo del proceso, Fernández de Kirchner afirmó en varias ocasiones que la condena ya estaba escrita de antemano. Incluso calificó al tribunal como "un pelotón de fusilamiento" que solo va a concretar el lawfare en su contra, en referencia a la persecución judicial que, según ha denunciado, busca proscribirla.
"El 6 van a dictar la sentencia, el 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir. La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir", afirmó la expresidenta el fin de semana durante una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo.
También aseguró que, a diferencia de lo que ha ocurrido con ella, el expresidente Mauricio Macri es protegido por los jueces.
"Se violaron todas las garantías constitucionales, todo lo que se dijo es una absoluta mentira", afirmó horas antes de que se dicte un fallo que exacerbará la polarización política que arrastra el país desde hace más de una década.
Polémicas
En los últimos días, la oposición partidaria y mediática celebró por anticipado la condena, en tanto que los seguidores de Fernández de Kirchner están dispersos, ya que la vice optó por desincentivar una movilización masiva a su favor. Así, solo algunos gremios, organizaciones y dirigentes han convocado a protestar contra la sentencia.
El ambiente político se enrareció todavía más porque el fin de semana se filtraron los chats que mantuvieron jueces, funcionarios y empresarios de medios que manipularon las evidencias de un lujoso viaje que realizaron juntos a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín, el multimedios más importante del país, y que trataron de mantener en secreto.
Uno de los viajeros es el juez Julián Ercolini, quien fue instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público.
El viaje es uno de los mayores escándalos institucionales de la historia argentina, ya que demuestra la connivencia de los poderes judicial, mediático y político, pero no se prevé que impacte en el fallo que se dará a conocer mañana.
De acuerdo con las versiones periodísticas publicadas en la prensa en los últimos días, Fernández de Kirchner podría ser condenada a un máximo de seis años de prisión por el delito de defraudación, y exonerada del cargo del asociación ilícita, que prevé una pena de 10 años.
Más allá de la condena que se le imponga, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa. Primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta, cuenta con fueros y primero debería enfrentar un juicio político de destitución.
Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que la decisión deberá pasar por su análisis antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra. Ese proceso puede demorar varios años.
Otro motivo es que la expresidenta cumplirá 70 años en febrero próximo y la ley le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a partir de esa edad.
El caso
La expresidenta es la protagonista de lo que se ha denominado como la "causa Vialidad", ya que se originó en una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2016, ya bajo el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, y que investiga 51 contratos que obtuvo el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, ubicada en el extremo sur del país, y que ha sido el feudo político de la familia Kirchner.
Néstor Kirchner gobernó esa provincia de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78,5% de los contratos de obras viales. A pesar de que cobró, dejó inconclusas más de la mitad. Hoy está condenado en otras causas por corrupción.
El juicio comenzó en mayo de 2019. Desde entonces han participado más de 100 testigos y, además de Fernández de Kirchner, hay otros 11 imputados que enfrentan pedidos de penas de entre dos y 12 años de prisión.
Se trata del empresario Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exdirector de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, quienes están acusados de haber formado parte de la asociación ilícita que presuntamente encabezada la vicepresidenta.
A ellos se suman, con cargos menores, el exsubsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala; los exjefes de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; los exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.