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El viaje del escándalo: una fiscal imputa a jueces, políticos y directivos de Clarín en Argentina

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El Gobierno nacional ya también interpuso una denuncia penal.
El viaje del escándalo: una fiscal imputa a jueces, políticos y directivos de Clarín en Argentina

La fiscal María Cándida Etchepare imputó este miércoles a jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín que realizaron un viaje a la propiedad del magnate británico Joe Lewis en la Patagonia y que constituiría un delito de dádivas si se comprueba que fue pagado por el multimedios más importante del país sudamericano.

"Podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia", señaló Etchepare en el requerimiento de instrucción dirigido a la jueza Silvina Domínguez, quien ahora tendrá que responder si se declara o no competente para ponerse al frente del proceso.

De esta forma avanza la causa judicial de uno de los escándalos más graves que ha habido en los últimos años en Argentina debido a su trascendencia institucional ya que, presuntamente, muestra la indebida connivencia de poderes judiciales, políticos y mediáticos.

Los imputados son el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials; el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke; el director de Asuntos Legales del Grupo Clarín, Pablo Casey; y el presidente de ese mismo emporio mediático, Jorge Rendo.

"Se suma, como hipótesis delictiva a corroborar (…) que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas al contado e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación la denuncia en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios", señaló la fiscal.

Además de la decisión de Etchepare, el ministro de Justicia del Gobierno nacional, Martín Soria, interpuso otra denuncia penal por pedido expreso del presidente Alberto Fernández.

"Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse", advirtió la acusación.

¿Qué pasó?

Todos los imputados habrían viajado el 13 de octubre a la lujosa estancia Lago Escondido, ubicada en la patagónica ciudad de Bariloche, y que es propiedad de Joe Lewis, un multimillonario amigo del expresidente Mauricio Macri que ha comprado y ocupado extensas propiedades a pesar de las protestas de pueblos indígenas de la región.

Cuatro días más tarde, el diario Página 12 reveló la planilla del vuelo con los nombres de quienes habían viajado, lo que de inmediato levantó suspicacias por los múltiples conflictos de interés que puede haber entre jueces que han intervenido o pueden intervenir en causas judiciales que afectan al Grupo Clarín, así como la presencia de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que es gobernada por el centroderechista Horacio Rodríguez Larreta.

La publicación no tuvo mayor impacto mediático, debido principalmente a que el alto grado de concentración del mercado que hay en la prensa argentina permite que la agenda del debate público sea controlada por un escaso grupo de medios que está encabezado por Clarín.

El caso revivió el pasado fin de semana, luego de que un hackeo al teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, permitiera la filtración de supuestos chats (que incluye audios) en los que los involucrados presuntamente se ponen de acuerdo para victimizarse por un supuesto espionaje ilegal, falsificar facturas, borrar o fabricar pruebas, eliminar fotos y evitar una mayor trascendencia mediática.

Desde el domingo y hasta la tarde del lunes, los medios más importantes del país generaron otro escándalo, pero ahora por su silencio, ya que la filtración de los chats se mantuvo limitada a las redes sociales y al diario Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna.

Para romper la protección mediática que estaban recibiendo "los viajeros", el presidente Alberto Fernández decidió anunciar, en cadena nacional, que el Gobierno iniciaría acciones legales.

La influyente prensa opositora ya no tuvo más remedio que hablar de la filtración de los chats, pero los descalificó al considerar que eran resultado de un espionaje ilegal, argumento que se contradice con otras ocasiones en las que han publicado filtraciones del mismo tipo que afectaban, por ejemplo, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Reacciones

Desde que estalló el escándalo por los chats el pasado domingo, solo uno de los involucrados ha hablado públicamente.

Se trata de Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad de la capital que, día y medio después, rechazó en una entrevista el contenido de las conversaciones y aseguró que habían sido manipuladas.

Sin embargo, conforme transcurren las horas, varios fragmentos de los chats han revelado nueva información.

Por ejemplo, en esas supuestas conversaciones, que datan del 17 de octubre, los ahora imputados se habrían puesto de acuerdo para victimizarse y descalificar cualquier acusación en su contra con el argumento de que habían sido objeto de espionaje ilegal. Eso es lo que hicieron durante estos días a través del amplio conglomerado de periodistas oficialistas.

También hablarían de conseguir facturas falsas para hacer creer que cada uno pagó su viaje en efectivo, y no que fueron invitados por Clarín.

En su requerimiento de este miércoles, la fiscal advierte que, efectivamente, la empresa del vuelo le entregó facturas emitidas con fecha posteriores al viaje y que se supone que fueron cubiertas en efectivo.

Además, periodistas de medios opositores y oficialistas que son mencionados en los chats (en algunos casos con insultos) porque buscaban a los jueces para preguntarles si habían viajado juntos, confirmaron esas comunicaciones.

Uno de los datos que llamó la atención es que, en los chats, el director de Asuntos Legales del Grupo Clarín, Pablo Casey, presuntamente les cuenta al resto de los "viajeros" que Javier Leunda, jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, estaría enojado con la publicación del viaje en Página 12 y que ya se habría comprometido a evitar que el tema se manejase en otros medios oficialistas.

La víspera, Leunda renunció a su cargo en presidencia, lo que se interpretó como un reconocimiento tácito de que lo que dicen los chats es verdad, es decir, que ayudó a Clarín a frenar el escándalo.

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