La Defensoría del Pueblo de Colombia contabiliza 199 líderes sociales asesinados en lo que va de 2022, la cifra más alta registrada en ese país suramericano desde 2016, cuando se comenzó a contabilizar a las víctimas de este sector de la población.
"Este año fue particularmente complejo para líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año fueron asesinados 199 líderes sociales o personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, cifra muy superior a los 136 casos reportados en el mismo periodo de 2021", precisó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de la Defensoría.
De acuerdo al mapa elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, los líderes comunales han sido los más atacados, con 62 asesinatos; seguidos por los líderes indígenas, con 44 casos, y los líderes comunitarios, con tres. Además, los meses de marzo, mayo y octubre fueron los que registraron más homicidios.
Con respecto a las zonas donde se registró más violencia letal contra los líderes sociales, el departamento de Nariño tiene la cifra más alta, con 33 asesinatos. Le siguen de cerca Cauca, con 25, y Putumayo y Antioquia, con 20 cada uno.
Luego se ubican Arauca (12), Valle del Cauca (11), Bolívar (9), Santander (9), Chocó (7), Tolima (7), Caquetá (6), Cesar (4), Santander (4), Meta (4), La Guajira (3), Sucre (3), Córdoba (3), Huila (3), San Andrés (2), Magdalena (2), Boyacá (2), Risaralda (2) y Bogotá (2).
Por su parte, los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Casanare, Quindío, Guaviare y Amazonas reportan un caso cada uno.
El Defensor resaltó que los liderazgos sociales "cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de los habitantes ya que sus acciones fortalecen la democracia", sobre todo en las regiones donde actúan grupos armados ilegales, a los que la institución llama a respetar la vida e integridad de esos representantes comunitarios.
"Consideramos que el Gobierno Nacional, las instituciones del Estado y los mandatarios locales deben atender los escenarios de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones que hemos hecho en las alertas tempranas para detener estos crímenes", agregó Camargo.