La crisis política que atraviesa Perú ya dejó un saldo provisional de cuatro muertos, una convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y un clima de violencia por las represiones policiales que sufren las protestas masivas de ciudadanos que están a favor del expresidente Pedro Castillo y en contra de la nueva presidenta, Dina Boluarte.
También hay incertidumbre sobre el futuro de Castillo, ya que México insiste en otorgarle asilo, pero la Justicia peruana quiere juzgarlo por diversas causas de presunta corrupción y por los delitos que habría cometido el miércoles pasado, cuando anunció la disolución del Congreso y un "gobierno de emergencia excepcional" que no recibió el apoyo de ninguno de los poderes –ejecutivo, legislativo y judicial– ni de las Fuerzas Armadas.
Ese día terminó de estallar la tensión que prevalecía en Perú desde que Castillo asumió el 28 de julio del año pasado. Y el clima de crispación solo ha ido en aumento.
Se ha reflejado, por ejemplo, en la denuncia constitucional en contra de Castillo que este lunes presentó ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavidez, quien lo acusa de los delitos de rebelión y conspiración.
También se ha reflejado en los debates parlamentarios, que tuvieron uno de sus puntos culminantes el domingo, cuando el congresista Pasión Dávila, de Perú Libre, le propinó un puñetazo por la espalda a Juan Burgos, de Avanza País, en una sesión que tuvo que suspenderse para evitar una gresca generalizada.
Por otra parte, continúa el estado de emergencia en los departamentos de Apurimac, Arequipa e Ica, en donde se han llevado a cabo algunas de las protestas más numerosas por parte de ciudadanos que desconocen a Boluarte y exigen la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y el adelantamiento de las elecciones.
En las manifestaciones murieron Becan Quispe Garfias, de 18 años, y un adolescente de 15 años. Ambos fueron baleados. En tanto, este lunes el Ministerio de Salud confirmó otros dos fallecimientos, para un total de cuatro víctimas fatales. Además, la cartera detalló que hay ocho personas hospitalizadas, mientras que se reportan 30 altas médicas.
Las protestas no ceden. Se reflejan en la toma de aeropuertos locales, bloqueos de carreteras, incendios de comisarías y marchas de comuneros que ya anunciaron que esta semana llegarán a Lima para defender al expresidente.
En respuesta a las movilizaciones, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, reveló el despido de los prefectos que fueron nombrados por Castillo, y a quienes acusó de incentivar las protestas de los últimos día.
Adelanto de elecciones
Con el número de víctimas en alza, Boluarte anunció que presentará al Congreso una iniciativa para que las elecciones se realicen en abril de 2024.
"En los próximos días remitiré un proyecto de ley de adelanto de elecciones para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento", dijo la nueva mandataria en la madrugada de este lunes.
El miércoles pasado, cuando asumió la Presidencia, Boluarte aseguró que cumpliría el mandato para el cual había sido electo este Gobierno, es decir, hasta julio de 2026.
Pero la presión de un Perú en ebullición pudo más y no existen condiciones para que permanezca en el cargo, así que el Congreso debatirá el próximo miércoles el adelantamiento de los comicios que permitirán que el país tenga un nuevo presidente, el séptimo en solo seis años.
El problema para Boluarte es que, tanto en el Congreso como en las calles, el clamor es que las elecciones se realicen en los primeros meses de 2023. No pareciera haber margen político para esperar a 2024.
Mientras tanto, Castillo aguarda su destino en prisión.
Alternativas
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en ofrecerle asilo a Castillo, a quien consideró víctima de una persecución. Incluso denunció que lo ocurrido en Perú se trató de "un golpe blando" por parte de la oposición de derecha.
"Desde que ganó, legal y legítimamente, Pedro Castillo fue víctima de acoso, de confrontación. No aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara, entre otras cosas, y eso es lo que más lamento", afirmó López Obrador el pasado jueves, cuando dio a conocer que el expresidente peruano le avisó que iba rumbo a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo. Sin embargo, fue detenido antes de llegar a la sede diplomática.
Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, mostró la carta en la que el abogado de Castillo solicitó formalmente el asilo con el argumento de que el exmandatario no cometió ningún delito penal y, por el contrario, padeció un clima de "indefensión extrema" y "persecución".
La intervención del Gobierno mexicano, que pretende emular con Castillo el refugio que le otorgó en 2019 a Evo Morales cuando sufrió un golpe de Estado en Bolivia, es rechazada por los sectores opositores en Perú, con críticas por lo que se considera un indebido intervencionismo por parte de López Obrador.
Por ello, la Cancillería peruana citó al embajador de México en ese país, Pablo Monroy, para manifestarle su "extrañeza" por las declaraciones del presidente mexicano.
Para Castillo, la partida a México es hasta ahora la única posibilidad de evitar un proceso que puede terminar con duras condenas.
El miércoles cumplirá los siete días de arresto provisional que se le dictaron el pasado 7 de diciembre, cuando fue detenido y acusado de los delitos de "rebelión" y "conspiración", pero se prevé que la detención se alargará ya que el fin de semana el Congreso le retiró el fuero especial del que gozaba, lo que abre la puerta a que avance un juicio penal.
En su defensa se han disparado versiones controvertidas, como la de otro de sus abogados, Guillermo Olivera Díaz, quien aseguró que el exmandatario fue drogado con alguna sustancia y por eso leyó de manera involuntaria el mensaje en el que declaró la disolución del Congreso y el inicio de un gobierno de excepción.
"Le dieron una bebida, una supuesta agua y después de beber el agua se sintió como atontado, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa, estaba un poco atontado, los instigadores engañan", dijo el togado.
El congresista Guido Bellido, quien fue uno de los presidentes del Consejo de Ministros de Castillo, apoyó esa teoría y afirmó que, quien "manipuló" al expresidente, lo hizo a sabiendas de que le costaría la destitución.
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