La Defensoría del Pueblo de Perú está en proceso de confirmar la tercera muerte durante las masivas protestas en el país andino que surgieron después de la vacancia de Pedro Castillo y la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte como nueva mandataria del país.
El defensor adjunto en materia de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, informó que hay una muerte "en proceso de confirmación".
De acuerdo con medios locales, un hombre de 30 años falleció este lunes durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías frente a la comisaria Ciudad Municipalidad, en el distrito Cerro Colorado de Arequipa, en la región sur del país andino.
Hasta el momento se tienen confirmados cuatro fallecimientos en el marco de las masivas manifestaciones en Perú, incluyendo a Becan Quispe Garfias, de 18 años, y a un adolescente de 15 años.
En redes sociales se emitieron denuncias sobre la tercera víctima, Jhonatan Lloclla Loayza, quien habría perdido la vida por herida de bala en la provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac, en la región andina.
De momento, se desconoce quién sería la cuarta víctima de las protestas masivas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo tiene documentado el saldo de 32 civiles y 24 policías heridos, mientras que el Ministerio de Salud refiere que hay ocho personas hospitalizadas y otros 30 que ya recibieron el alta médica.
Crisis política y social
Perú se mantiene en vilo ante las masivas manifestaciones que se han desarrollado en al menos siete departamentos de la nación, en medio de una nueva crisis política que se agudizó porque un sector de la población desconoce a Boluarte y exige la liberación de Castillo, la disolución del Congreso y el adelantamiento de las elecciones.
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, informó este lunes ante el Congreso que el Ministerio Público investiga las circunstancias de las muertes confirmadas, en un contexto de denuncias sobre el posible uso de armas letales por parte de los uniformados.
"Se había dispuesto que, si bien la Policía tenía el mandato de restablecer el orden y resguardar a las personas, no debían utilizar armas letales. Lamentablemente, sabemos que se produjeron las muertes y corresponde al Ministerio Público investigar en qué circunstancias", dijo Angulo.