Luego de que la Fiscalía de Perú pidiera 18 meses de prisión preventiva en su contra, Pedro Castillo solicitó este miércoles la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para velar por sus derechos políticos.
Mediante un trino, Castillo también llamó a resguardar los derechos de la población que ha salido a las calles a pedir su restitución en el poder, en medio de protestas fuertemente reprimidas y que han dejado, hasta ahora, un saldo de siete muertos.
"Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo", aseveró el mandatario vacado el pasado miércoles por el Congreso.
La salida del poder de Castillo se produjo de manera exprés, después de que el entonces mandatario emitiera un decreto que disolvía el Congreso y establecía un estado de excepción. En cuestión de minutos, las autoridades lo detuvieron y ahora podría quedar recluido de manera preventiva por varios meses.
Aunque la oposición acusó a Castillo de perpetrar un "autogolpe", lo cierto es que el político –que llevaba poco más de 14 meses en el poder– no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la mayoría de su Gabinete de Gobierno.
Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta de Castillo, fue juramentada por el Congreso como mandataria del país andino. Ese movimiento, sin embargo, ha provocado muchas protestas en el país, especialmente en los bastiones electorales del mandatario vacado.
Los manifestantes piden la restitución de Castillo, quien llegó a la presidencia a través del voto, así como la disolución del Congreso y la salida de Boluarte de la primera magistratura.