Petro cuestiona el papel de la Convención Americana ante la crisis en Perú
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó este miércoles que ante la crisis de gobernabilidad que vive Perú y la detención "sin juez y sin defensa" de Pedro Castillo, es cuestionable el rol de la Convención Americana sobre el orden jurídico regional.
"La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano", dijo Petro a través de Twitter.
La semana pasada, el presidente colombiano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir "medidas cautelares en favor del presidente Pedro Castillo" y aplicar la Convención Americana, al considerar que en Perú se vulneró "el derecho a elegir y ser elegido", así como a "tener un tribunal independiente de juzgamiento".
La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2022
La crítica de Petro se suma al llamado que hizo el lunes su Gobierno junto a los de Argentina, Bolivia y México, para que la "voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas" en Perú fuera respetada y que las instituciones de ese país se abstuvieran "de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" tras la remoción de Castillo por el Parlamento y su posterior detención.
Este miércoles el propio Castillo solicitó a la CIDH velar por sus derechos políticos y los de la población que protesta en las calles desde hace una semana tras su destitución. En las manifestaciones, que contabilizan al menos siete fallecidos y decenas de heridos, se exige la salida de Dina Boluarte de la Presidencia, el retorno de Castillo, la disolución del Congreso y una Asamblea Constituyente para reformar el Estado.
La Convención Americana es un tratado internacional, vigente desde 1978, que prevé derechos y libertades que deben respetar los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La normativa es interpretada y aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.