El número de muertos en las protestas incesantes que sacuden a Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo aumentó a 18, informó la Dirección Regional de Salud del departamento peruano de Ayacucho.
De acuerdo a la cartera sanitaria nueve manifestantes fallecieron este jueves en varios puntos del territorio, siete de ellos en Ayacucho, y dos en el departamento de La Libertad, en el norte. No obstante, el Ministerio de Salud sitúa de momento la cifra de decesos en 14 personas.
Esta jornada, los disturbios más fuertes tuvieron lugar en la mencionada localidad de Ayacucho, donde un grupo de personas invadió el aeropuerto, a lo que la Policía respondió con represión, dejando además un saldo de 52 heridos.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú demandó la investigación de los responsables de las muertes en Ayacucho. "Exigimos cese de la intervención militar y responsabilizamos de estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país", comunicaron por Twitter.
En tanto, el Ejército Peruano se desplegó en las calles para apoyar a los uniformados en el control de las protestas que se desarrollan en las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar.
Asimismo, el Gobierno peruano ha decretado el toque de queda en 15 provincias de ocho de los 25 departamentos del país debido a las masivas protestas. "Declarar por el término de cinco días calendario la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en el marco del Estado de Emergencia a nivel nacional", reza el decreto supremo.
Los departamentos en los que se implementa la medida a partir de este viernes son Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho. Los horarios del toque de queda varían en función de cada provincia y van desde las 18.00 hasta las 4.00, desde las 19.00 hasta las 4.00 y desde las 20.00 hasta las 4.00 (hora local).
En ese contexto, la Justicia peruana aprobó la solicitud de prisión preventiva en contra de Castillo, investigado por el delito de rebelión, por un lapso de 18 meses.
De esta manera, la Justicia avaló la petición que hizo el Ministerio Público, al considerar que Castillo tiene varias investigaciones abiertas y por la gravedad de los presuntos delitos que, a juicio del magistrado, aumentarían el peligro de fuga.