Este lunes, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró inconstitucional –con seis votos a favor y cinco en contra– el denominado 'presupuesto secreto', un mecanismo que permitía a los parlamentarios decidir sobre los fondos estatales sin criterios claros de transparencia.
Para la mayoría de los jueces, el instrumento "contradice los principios constitucionales de transparencia (...) y moralidad".
Este 'presupuesto secreto' se aplicaba desde 2019, ya durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro, y la oposición denunció que el Ejecutivo del ultraderechista se benefició del mecanismo en sus negociaciones en el Congreso para conseguir apoyos políticos.
Cada año un parlamentario, o 'relator', escogido por una comisión se encargaba de las partidas presupuestarias para distribuirlas a los distintos estados y municipios.
Aliados del Gobierno
Pero cada año, según la prensa, el relator liberaba montos a pedido de diputados y senadores cuyos nombres no quedaban registrados en el sistema de Congreso, de ahí la denominación de 'presupuesto secreto'. Gran parte de este presupuesto terminó en manos de la base aliada del Gobierno en el Congreso.
Desde el año pasado, el mecanismo estuvo envuelto en varios casos de escándalos de fraude en la compra de camiones de basura, autobuses escolares o tractores, entre otras cosas.
La presidenta del Supremo, Rosa Weber, pidió que los órganos administrativos que usaron esos recursos durante 2020 y 2022 publiquen en un plazo de 90 días los datos de las obras y compras realizadas con esos presupuestos y que se identifique quién solicitó el dinero y quién fue el beneficiario.
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