Decisión inédita en España: el Constitucional 'amordaza' al Parlamento sobre su propia reforma

España asiste a un hecho que no tiene precedentes en el país y tampoco en los países europeos de su entorno. El Tribunal Constitucional (TC) ha impedido que el Senado vote y apruebe dos enmiendas que reformarían el procedimiento por el que se renuevan los magistrados del propio Tribunal Constitucional.

Por seis votos contra cinco, el bloque conservador frente al bloque progresista, el alto tribunal ha decidido por primera vez en 44 años de democracia paralizar una ley en trámite a petición de una minoría parlamentaria.

El Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, interpuso un recurso de amparo ante el TC contra la tramitación de dos reformas del Poder Judicial impulsadas por los grupos en el Gobierno y avalada por la mayoría parlamentaria. En él, pedía como medida cautelar, hasta que se resolviese el recurso, que se paralizase la votación en el Congreso y en el Senado. El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso y decretado la medida cautelar solicitada.

Por su parte, el Senado ha decidido continuar con la tramitación de la proposición de ley, que, entre otras cosas, incluye la eliminación del delito de sedición, sustituyéndolo por otro de desórdenes públicos agravados, y la reforma del delito de malversación. Lo hará extrayendo las dos enmiendas que han originado la polémica.

Magistrados recusados

Tras la presentación del recurso del Partido Popular, Unidas Podemos, el socio minoritario en el Gobierno de coalición, presentó un escrito en el que solicitaba recusar a dos magistrados del Tribunal Constitucional: el propio presidente del organismo, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. Ambos son de adscripción conservadora y forman parte de los magistrados que deben ser renovados.

Alegaban que ambos son cercanos al PP y que tienen un conflicto de intereses, ya que tienen el mandato caducado desde el pasado mes de julio y estarían afectados por la reforma, puesto que serían inmediatamente sustituidos por los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, con el voto de los dos miembros recusados, ha decidido que este no es el momento procesal adecuado para tomar en consideración las recusaciones. Si esos dos magistrados fueran apartados de la deliberación, el equilibrio entre progresistas y conservadores cambiaría haciendo que los primeros fueran mayoritarios.

¿Qué argumenta el recurso de amparo?

El recurso de amparo que fue presentado por el PP y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, que ha decretado las medidas cautelares que han paralizado la votación en el Senado, se dirige contra una decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Se argumenta que la reforma del Poder Judicial se había planteado en forma de dos enmiendas que no tenían relación con el objeto de la proposición de ley a la que se habían adjuntado.

El PP alega que ese no es el trámite adecuado para abordar una reforma de ese calado porque las enmiendas no se discuten en el Parlamento, sino que tan solo se aprueban o rechazan, lo que hurta el debate parlamentario sobre esas cuestiones.

¿Qué argumentan los partidos que apoyan la reforma?

Los partidos a favor de que se llevase a cabo esta reforma suman 183 diputados y aúnan a una mayoría del arco parlamentario, incluyendo a las dos formaciones políticas que forman parte del Gobierno y que impulsaron la reforma.

En este espectro se argumenta que es inverosímil que el Tribunal Constitucional se inmiscuya en las labores del Parlamento. Recuerdan que su labor se centra en dictaminar sobre la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de las normas emanadas de las Cortes, que representan la soberanía del pueblo.

Se denuncia que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros fueron nombrados por el PP y con el mandato caducado desde hace cuatro años, se ha negado a renovar el TC; y que ahora el TC, con varios miembros también nombrados por el PP y también con el mandato caducado, impide que el Parlamento ejerza sus funciones y lleve a cabo una reforma que desbloquea esta situación.

¿De dónde parte el problema?

El origen del problema se sitúa en diciembre de 2018. Entonces caducó el mandato de parte de los miembros del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. Desde entonces el Partido Popular se ha negado a negociar su renovación, que necesita del acuerdo de dos tercios de los parlamentarios, por lo que su concurso es imprescindible.

A su vez, el CGPJ debe realizar el nombramiento de dos de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que vieron caducado su mandato hace seis meses. El Ejecutivo debe proponer los otros dos, como ya hizo hace meses. Los cuatro deben tomar posesión simultáneamente.

Los miembros conservadores del CGPJ han dilatado hasta ahora el nombramiento de los dos miembros que les corresponden, incumpliendo el plazo dictado por la Constitución, por lo que también mantienen paralizados los nombramientos que dependen del Gobierno.

En esta tesitura, desde el Gobierno se impulsó la reforma del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional para conseguir desbloquear parte del poder judicial. Y lo hizo en forma de dos enmiendas que adjuntó a la proposición de ley que reforma el Código Penal.

¿En qué consiste la reforma paralizada?

La reforma que ha originado la actual polémica tiene cuatro puntos fundamentales:

• El establecimiento de una fecha límite para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial nombren a los candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional, dando así cumplimiento a los plazos estipulados por la Constitución.
• Responsabilizar penalmente a los vocales del CGPJ que no cumplan esos plazos.
• Cambiar el sistema de elección pasando de una mayoría de tres quintos a la elección de los dos candidatos más votados.
• Eliminar el requisito de que el propio Tribunal Constitucional dé el visto bueno a los nuevos candidatos elegidos para integrarlo.

¿Qué pasará ahora con la reforma?

Previsiblemente la reforma saldrá adelante igualmente, aunque con cierto retraso en los plazos que pretendía el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Más País, formación minoritaria progresista representada en el Congreso de los Diputados, ya ha registrado una proposición de ley en la Cámara Baja para tramitar esta reforma. La nueva legislación cuenta con el apoyo explícito de la mayoría del Hemiciclo, por lo que se da por hecho que saldrá adelante.

¿Por qué son importantes los plazos?

Los plazos son importantes porque el Ejecutivo quería asegurarse de que la renovación del Tribunal Constitucional daría lugar a una nueva mayoría progresista, que reflejase el resultado de las urnas, como manda la Constitución.

Si la reforma hubiera salido adelante el próximo jueves en el Senado, cuando estaba previsto que se hubiera votado después de la luz verde del Congreso de la semana pasada, el Gobierno se habría asegurado la toma de posesión de sus dos candidatos más uno progresista y uno conservador nombrados por el CGPJ.

Por su parte, la pretensión de los vocales conservadores del CGPJ, mayoritarios debido al bloqueo de cuatro años que está llevando a cabo el PP, era nombrar a dos vocales conservadores manteniendo así la mayoría actual del Tribunal Constitucional.

Esa pretensión estaría detrás de la dilación en llevar a cabo sus nombramientos, que se contempla como una medida de presión para forzar que se aceptasen sus dos candidatos para desbloquear la situación.

Pedro Sánchez denuncia "medios espurios" 

Pedro Sánchez, que ha comparecido este martes para realizar una declaración institucional, ha calificado de "situación inédita" el "bloqueo de la renovación de los jueces del CGPJ y del Tribunal Constitucional" que se ha mantenido a lo largo de más de cuatro años.

Claves del inédito choque institucional en España entre el Congreso y el Tribunal Constitucional

Según el presidente español, el propósito del Partido Popular es retener "por medios espurios" un poder que los ciudadanos no les han dado en las urnas, lo que ha definido como un "hecho grave".

"Por primera vez se impide a los representantes legítimos de los españoles que realicen su labor", ha afirmado Sánchez sobre unos "hechos que no tienen precedentes en la historia democrática" del país.

El mandatario ha explicado que comprende la "indignación" de los demócratas al sentir "vulnerado un principio básico" y la "preocupación" de la ciudadanía ante el grave choque institucional.

No obstante, Sánchez ha asegurado que el Gobierno acatará la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional, a pesar de no compartirla; pero ha advertido de que su Ejecutivo "adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo" del Poder Judicial.

Así, ha sostenido que llevarán a cabo medidas para que se respete la Constitución y el resultado de las elecciones de 2019, porque "la democracia requiere respeto a la ley y a la voluntad popular de la que emanan todos los poderes, y también el Poder Judicial".

El Congreso, el Senado y el Ejecutivo participan en la elección de los miembros del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Ninguno de los dos son órganos jurisdiccionales, es decir, no imparten justicia. El primero se encarga de gobernar el Poder Judicial y su principal cometido es el nombramiento de altos cargos, como miembros de tribunales superiores; mientras que el segundo debe analizar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Parlamento nacional o los Parlamentos regionales.

Se trata de un mandato constitucional, es decir, la Constitución Española de 1978 recoge que el Parlamento, como representante de la soberanía que reside en el pueblo español, es el encargado de proponer y aprobar el nombramiento de parte de los miembros del CGPJ con una mayoría de tres quintos, obligando así al acuerdo parlamentario.

Así, el cumplimiento de la Constitución requiere que se respete los tiempos que recoge y que los nombramientos de miembros del Poder Judicial respeten la sensibilidad de la sociedad en cada momento, expresada por medio de las urnas.

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