La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que viajó a Perú, por la crisis política y social que vive el país suramericano, realiza reuniones en Lima y Cusco este miércoles.
La Comisión informó, mediante sus redes sociales, que la delegación se reúne con "autoridades, organizaciones sociales y familiares de quienes perdieron la vida en el contexto de las protestas".
La delegación, que está liderada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, comenzó su visita técnica a Perú el martes y estará en el país suramericano hasta el jueves 22 de diciembre.
En su primer día de actividades, se reunieron con la presidenta del país, Dina Boluarte, en el Palacio de Gobierno en la capital peruana.
De acuerdo con la Presidencia del país, la presencia de esta delegación fue por invitación de las autoridades locales "con el fin de contribuir al diálogo, la paz y transparencia ante la situación del país".
El mismo martes también mantuvieron un encuentro con el ministro de Defensa, Alberto Otárola (desde este miércoles presidente del Consejo de Ministros); así como con representantes de otros ministerios, como el de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia y Derechos Humanos, además de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, hubo otras reuniones con periodistas, representantes de diversas organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas, indígenas y activistas; en las que recibieron, dijo la CIDH, "información sobre afectaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas".
Las manifestaciones en Perú, que han dejado un saldo de al menos 25 muertos y cientos de heridos, comenzaron luego que el pasado 7 de diciembre el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo, después de su fallido intento de disolver el Parlamento.
En las protestas, los peruanos exigen la liberación del depuesto mandatario, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva y está recluido en el penal de Barbadillo, situado en el distrito limeño de Ate, donde también está el expresidente Alberto Fujimori.
Además de la liberación de Castillo, en esas manifestaciones piden el adelanto de elecciones para 2023, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.