El partido político Perú Libre denunció a la presidenta peruana, Dina Boluarte, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las muertes ocurridas durante las protestas que se viven en el país suramericano en apoyo al destituido presidente Pedro Castillo.
La denuncia fue presentada por la congresista de Perú Libre Margot Palacios ante la delegación de la CIDH que realiza una visita al país suramericano esta semana.
"Formulo denuncia por el delito de genocidio previsto en el artículo 319.1 y 2 del Código Penal del Perú, y de manera alternativa por el delito de homicidio calificado en grave contexto de violación de derechos humanos", dice la carta de Palacios, que ya circula en las redes sociales.
Además de Boluarte, la denuncia está dirigida en contra del nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien ejerció pocos días como ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola; contra el expremier Pedro Angulo Arana y el exministro del Interior, César Augusto Cervantes, quienes estuvieron 11 días en el cargo —del 10 al 21 de diciembre—; el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía Escajadillo; y el comandante general de la 2da Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Amarildo Vera Ipenza.
"Los peruanos tenemos que recurrir a la justicia internacional toda vez que los hechos descritos de violaciones flagrantes de derechos humanos con supresión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política, ha sido avalado el día viernes 16 de diciembre del 2022 en una reunión realizada en Palacio de Gobierno", señala la congresista.
Ese aval, dice la denuncia, fue dado por los representantes de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Asimismo, acusa de complicidad al Ministerio Público, por no haber accionado "ninguna medida ante la flagrancia (de) los hechos delictivos conocidos en tiempo real en todo el país".
Las protestas en Perú, que comenzaron luego que el pasado 7 de diciembre el Congreso destituyera al entonces presidente Pedro Castillo, después de su fallido intento de disolver el Parlamento, han dejado un saldo de 26 muertos hasta ahora.
En esa protestas exigen la liberación de Castillo, quien está actualmente detenido; así como el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones para 2023.
Castillo pidió visita
Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, situado en el distrito limeño de Ate, donde también está el expresidente Alberto Fujimori, pidió a la delegación de la CIDH, que termina este jueves su visita en Perú, que lo visite "de manera urgente".
"Solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal", dijo el mandatario depuesto.