Este viernes estaba previsto que arrancara en el Complejo Judicial Norte de Quito, Ecuador, el juicio en contra de nueve personas, integrantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad del Ecuador (MGTL) y líderes indígenas; sin embargo, la audiencia no se instaló.
Estas personas son acusadas de los presuntos delitos de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
Los nueve acusados son: Alexis Moscoso, Carlos Carguachi, Cristian Caiza, Ernesto Flores, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, Nelly Yacelga, Omar Campoverde y Silverio Cocha.
"Pediría que nos deseen suerte, pero lo que en realidad queremos es que nos deseen justicia", escribió Gallardo en su cuenta en Twitter este viernes.
Actualmente, cinco de los procesados —Bustamante, Campoverde, Yacelga, Carguachi y Cocha— guardan prisión preventiva en la Cárcel del Inca, en Quito, y en Latacunga, provincia de Cotopaxi. "Se espera que recuperen la libertad próximamente", indicó INREDH.
El caso
La causa se remonta al 19 de mayo pasado, aunque hubo una investigación previa desde agosto de 2021. Ese día, ocho militantes del MGTL fueron detenidos en un operativo liderado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las personas fueron detenidas durante allanamientos simultáneos en las provincias de Imbabura, Pichincha y El Oro. En esa oportunidad, la FGE señaló que, según las investigaciones, la agrupación "hacía acercamientos" en comunidades de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y en el oriente ecuatoriano para "captar personas" de forma irregular y "formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana".
"De acuerdo con las denuncias, existen ecuatorianos reclutados con el ofrecimiento de ir a seguir cursos en Argentina y México, que terminaron en el campamento de grupos armados", añadió la Fiscalía.
La FGE detalló entonces que entre los indicios levantados en los allanamientos "se incluyen armas de fuego y municiones". Luego se vinculó a un joven más a la causa.
Flores, vocero del MGTL y una de las personas que estuvo detenida, dijo que este proceso judicial "constituye una persecución a los movimientos sociales, a la disidencia política e ideológica y al trabajo social".
"Con esto, el gobierno busca criminalizar la lucha social, que realiza el movimiento por más de una década en el Ecuador", enfatizó.
EL MGTL, en una publicación que hizo en sus redes sociales el jueves, denunció que contrario a lo expuesto por la FGE, en los allanamientos la Policía solo habría encontrado "libros, volantes, banderas, tambores, escudos de madera".
Rosa Bolaños, asesora legal de INREDH, considera que es "bastante criticable" que se haya llegado a la etapa del juicio, puesto que, dijo, "desde un inicio se denunció irregularidades en el proceso, que incluso afectan al derecho al debido proceso y derecho a la defensa".
Además, señaló que "se evidencia la arbitrariedad" de la FGE "al criminalizar a movimientos sociales de izquierda y a la protesta".
"En ese sentido, esta etapa procesal se va a recalcar esta problemática con la finalidad de obtener una sentencia favorable", enfatizó Bolaños.