Un juez federal de Miami (Florida, EE.UU.) dictaminó que el empresario colombo-venezolano Álex Saab, calificado por ciertos medios como testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no tiene derecho a la inmunidad diplomática, por lo que debe ser juzgado bajo acusaciones de lavado de dinero.
En su fallo de 15 páginas, el juez Robert Scola alegó que el gobierno de Maduro ha sido considerado 'ilegítimo', por lo que cualquier reclamo de inmunidad diplomática se clasificará de la misma manera.
Saab, de 51 años, está acusado de contribuir al lavado de dinero proveniente de una serie de sobornos, que habrían desviado 350 millones de dólares a través de contratos estatales para construir viviendas económicas para el gobierno de Venezuela.
Dichas transacciones habrían pasado por bancos que estuvieron bajo el control de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA.
Dan Kovalik, abogado y activista de derechos humanos en EE.UU., sostuvo en conversación con RT que el fallo de hoy es "injusto" y "fruto de la presión política sobre el tribunal" por parte del Ejecutivo norteamericano. Asimismo, cree que la decisión afectará a las relaciones entre Caracas y Washington y entre el Gobierno de Maduro y la oposición.
La detención de Saab
El empresario fue detenido en 2020 durante una escala en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán, en una misión diplomática para negociar acuerdos petroleros y adquirir medicinas y alimentos para Venezuela. El avión del funcionario hizo una parada técnica en la isla africana para recargar combustible, pero las autoridades locales lo detuvieron, pese a su condición diplomática. Posteriormente fue extraditado a EE.UU.
Tras la detención, la defensa del diplomático calificó el hecho como una arbitrariedad y denunció que fue víctima de abusos, torturas y violación de sus derechos humanos. Además, insistió en que Saab no puede enfrentar cargos en EE.UU. porque goza de inmunidad diplomática desde antes de su arresto.
Venezuela ha calificado la extradición de Saab a EE.UU. como un "secuestro" que vulnera el derecho internacional y diplomático, e insiste en que su detención en Cabo Verde se hizo de manera "ilegal", sin siquiera una orden de captura, "violando las leyes del país y la Convención de Viena".
El gobierno venezolano ha exigido reiteradamente la liberación del empresario, al tiempo que la Asamblea Nacional ha organizado movilizaciones para mostrar, como lo dijo incluso el presidente del órgano parlamentario, solidaridad con un hombre que "en primera instancia fue secuestrado en Cabo Verde, violando todas las normas, leyes y preceptos internacionales".