El presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrentará en 2023 uno de los principales retos de su Gobierno con el proceso que desembocará en otro plebiscito en el que la ciudadanía decidirá si avala o rechaza una nueva Constitución, que sustituya a la Carta Magna vigente y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
La agenda política del país sudamericano estará marcada, por segundo año consecutivo, por un plebiscito que puede coronar los cambios provocados por el estallido social de fines de 2019; o que, por el contrario, tendría la capacidad de ensombrecer el proyecto político de Boric.
El mandatario ya enfrentó un descalabro el pasado 4 de septiembre, cuando el primer plebiscito constitucional culminó con un abrumador rechazo. Si la segunda propuesta también fuera impugnada, representaría otra dura derrota política para un líder que confió en que durante su Gobierno proclamaría una nueva Constitución.
"El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura", advirtió Boric el pasado 13 de diciembre, al celebrar el acuerdo alcanzado por la mayoría los partidos después de tres meses de tensas negociaciones.
En ese lapso, la derecha y la ultraderecha asumieron el rechazo al primer borrador constitucional como una victoria propia. Incluso apostaron a que no hubiera ningún cambio y que siguiera vigente la Constitución pinochetista.
Para vencer las resistencias y el riesgo de que el proceso quedara congelado por completo, el Gobierno tuvo que hacer múltiples concesiones. Tantas que, cuando se anunció el acuerdo para el segundo plebiscito constitucional, varias voces del oficialismo reconocieron que no había mucho para festejar.
Diferencias
Los cambios entre ambos proceso son sustanciales. El primer borrador de la Constitución que se plebiscitó en septiembre pasado fue elaborado por 154 convencionales, que fueron elegidos por el voto popular y que en su mayoría pertenecían a organizaciones independientes, progresistas o de izquierda, alejados de las estructuras tradicionales de los partidos tradicionales.
Ellos formaron una Convención Constituyente que trabajó durante un año y que redactó un texto de los más avanzados del mundo, ya que incluía perspectiva de género en todos los temas y un reconocimiento inédito de los pueblos indígenas, así como de los derechos de los animales y la protección de la naturaleza. Pero la propuesta fue rechazada.
Ahora, en lugar de una Convención Constituyente, habrá un Consejo Institucional. Y ya no serán 154, sino solo 50 los integrantes de este nuevo órgano, que serán electos el próximo 7 de mayo.
Una de las principales críticas que tuvo el primer proceso fue que la inexperiencia de los convencionales los llevó a redactar artículos que eran incompatibles, contradictorios o que no debían formar parte de una Constitución, sino de otras leyes secundarias
Por eso, en esta segunda oportunidad, los convencionales no escribirán solos la nueva Constitución. Serán auxiliados por 24 integrantes de la Comisión Experta y los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad, que serán elegidos por el Congreso en enero.
La creación de estos dos grupos de trabajo generó críticas entre quienes consideraron que la Carta Magna será escrita por élites que evitarán que haya verdaderos cambios de fondo, es decir, por los poderosos de siempre que protegerán sus privilegios.
Los tiempos son otro factor de peso. El primer borrador se redactó durante un año. El segundo solo contará con cinco meses, de junio a noviembre, aunque no partirán de cero, sino que se basarán en un anteproyecto que elabore previamente la Comisión Experta.
El documento final será plebiscitado el 17 de diciembre. Este es el itinerario que aprobó este miércoles el Senado, pero que deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados la semana próxima.
Si en esta ocasión la propuesta logra un respaldo mayoritario, entonces sí, Boric podrá continuar su Gobierno amparado en una nueva Constitución.
Controversias
El segundo proceso está acompañado de múltiples polémicas, entre ellas las diferencias que desató el Acuerdo por Chile en el oficialismo.
"No me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo uno esperaría del proceso, es lo que se pudo lograr, acá se desarrolló un diálogo democrático. ¿En las mejores condiciones? Yo diría que no. ¿Es lo óptimo? Yo diría que no", dijo, por ejemplo, Karol Cariola, diputada del Partido Comunista, parte de la coalición que llevó a Boric al poder.
En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentó la desconfianza de varios de sus compañeros, y advirtió que el acuerdo representaba un logro porque estuvo latente el riesgo de que ya no hubiera ningún proceso constitucional debido a las posiciones extremistas manifestadas por los detractores.
"Se ha logrado armar un camino y poner de nuevo en el horizonte la posibilidad de una nueva Constitución. Yo creo que eso sí da para celebrar, porque la posibilidad que había de que esto terminara en nada era enorme", dijo.
La inconformidad de parte del oficialismo se debe a que el Acuerdo establece 12 bases constitucionales que, entre otros aspectos, reconoce que Chile es un estado "unitario y descentralizado" y que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Estas definiciones fueron exigencias de la derecha.
También reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, "que es una e indivisible". Esta es otra concesión a los opositores, ya que la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas fue duramente resistida en el primer borrador constitucional.
Otro de los puntos señala que Chile tiene tres poderes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, que a su vez está compuesto por la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado, órgano que proponía eliminarse en la primera versión constitucional que fue rechazada.
A diferencia de la primera propuesta, la oposición conservadora impuso su visión en un acuerdo que advierte que Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, y "el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos".