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Fin a la crisis institucional en España con la renovación del Tribunal Constitucional
En un pleno celebrado el martes, tras un primer intento frustrado, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se pusieron de acuerdo y eligieron a un magistrado conservador y a otro progresista.
Este miércoles terminaron siete meses de tira y afloja en el seno del Tribunal Constitucional, lo que también puso fin a la mayor crisis institucional que ha vivido España en las últimas décadas.
Los 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, han logrado ponerse de acuerdo para elegir a los dos miembros que renovarán el Tribunal Constitucional que les corresponde.
En un pleno celebrado el martes por la tarde eligieron a los dos candidatos por unanimidad: María Luisa Segoviano, progresista, y César Tolosa, conservador, ambos presidentes de Sala del Supremo con acreditada trayectoria.
Con esta designación, se abre la puerta a la incorporación de los dos candidatos nombrados por el Gobierno, puesto que los cuatro debían tomar posesión a la vez. De este modo, el Tribunal Constitucional pasará a estar integrado por una mayoría progresista.
Esta decisión cambia por completo el panorama que había producido un choque institucional sin precedentes. La renovación del Constitucional debía haberse producido en junio, como manda la Constitución, pero el bloque conservador del CGPJ había estado bloqueándola sin presentar candidatos.
Las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo para desbloquear esta elección fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional, en una decisión inédita en la democracia española al suspender una votación en el Senado.
Sin embargo, ahora ya no tiene sentido que se lleve a cabo esta reforma judicial por la vía de urgencia, como pretendía el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, para el próximo mes de enero.
Los cuatro nuevos integrantes del Tribunal tendrán ahora que ser respaldados por el propio Constitucional, en un pleno de verificación que se celebrará inmediatamente.
Lo que aún continúa pendiente es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene mayoría conservadora y que lleva ya más de cuatro años de bloqueo a sus espaldas, puesto que tenía que haber sido renovado en diciembre de 2018. Durante todo este tiempo, el Partido Popular (PP) –principal tolda de la oposición– se ha negado a negociar la designación de nuevos miembros, alegando a diferentes excusas.
Detrás de estos sucesivos bloqueos se encuentra la pretensión de que estos órganos fundamentales continúen bajo la mayoría conservadora, algo que debería haber cambiado, puesto que la Constitución establece que deben obedecer a la composición del Parlamento para respetar la sensibilidad de la sociedad española en cada etapa.
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