Luego de que Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz en Bolivia, fuera detenido la tarde del miércoles por su presunta participación en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, las protestas y manifestaciones en la nación sudamericana no han cesado.
Afuera de las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC), ubicada en La Paz, las tensiones se registraron desde temprano luego de que el mandatario local se negara a rendir su declaración, apelando a su derecho a guardar silencio.
Al exterior de las instalaciones, fuertemente custodiadas por un cordón policial, hay un grupo de simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) que exigen justicia por la participación de Camacho en el golpe de Estado a Morales.
En la jornada de este jueves, diputados y senadores de oposición intentaron acudir a la FELCC de La Paz para reunirse con Camacho, pero fueron expulsados por simpatizantes del MAS. Los legisladores denunciaron una presunta agresión.
En tanto, la Fiscalía presentó la imputación formal en contra del gobernador por el presunto delito de terrorismo en grado de autor y solicitó seis meses de prisión preventiva. Las autoridades consideran que existe riesgo justificado de que el funcionario se fugue por lo que exigieron que se le resguarde como medida cautelar en el penal de máxima seguridad 'Chonchocoro', ubicado en la ciudad capital.
No obstante, ante la posible llegada de Camacho a la prisión de San Pedro, reclusos del penal declararon persona "no grata" al funcionario y exigieron se le traslade a otra cárcel, según dan cuenta medios locales.
Por la mañana, la defensa del político opositor acusó a la autoridad judicial de impedir la interposición de un recurso para pedir su liberación. "Nadie nos quiere recibir esta acción de libertad", criticó a través de un video Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, quien calificó a la detención como un "secuestro".
A pesar de la denuncia, horas después la defensa pudo introducir el mecanismo constitucional para exigir la liberación del regidor. El recurso jurídico debe ser resuelto antes de la audiencia de medidas cautelares, que se llevará a cabo de manera virtual a las 17:00 del viernes.
A las declaraciones en favor de Camacho se unió la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien aseguró que el arresto del gobernador fue producto de un "mega operativo policial-militar" para secuestrarlo.
"Repudio y denuncio el abuso intolerable que trae más dolor y odio entre bolivianos", escribió Áñez, quien fue condenada a 10 años de prisión por su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales.
A través de un comunicado, la Fiscalía de la nación negó que la detención de Camacho se tratara de un "secuestro" y aseguró que se ha respetado el debido proceso en todo momento, contradiciendo las declaraciones de la defensa del gobernador, que asegura se violaron los derechos del funcionario durante su arresto.
Luego de ser aprehendido y de presentar su declaración ante la Policía de Santa Cruz, Camacho fue trasladado la tarde del miércoles a la sede del FELCC, donde se encuentra hasta el momento.
La ola de reacciones tras el arresto de Camacho
La detención del gobernador generó molestia entre sus seguidores, quienes desde el miércoles han generado disturbios en la ciudad, considerada el motor económico de Bolivia. Los manifestantes han quemado diversos inmuebles de Santa Cruz, entre ellos el edificio de la Fiscalía local y algunas oficinas de impuestos. Asimismo, han incinerado más de 30 automóviles y documentos oficiales.
Por la noche, incluso, un grupo de personas prendió fuego a la vivienda del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, quien acusó se atentó "contra la integridad y seguridad" de su familia.
A la par de estos desmanes, también se han registrado bloqueos, como el acontecido el miércoles en el aeropuerto internacional Viru Viru, mientras corren rumores de una supuesta escasez de combustible.
Sin embargo, el mismo miércoles, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descartó el desabasto de gasolina y diésel, y pidió a la población evitar especulaciones y no caer en pánico.
Por su parte, cívicos cruceños reunidos en la Asamblea distrital debaten este jueves distintas medidas para presionar al Gobierno federal a liberar a la primera autoridad de la demarcación.
Entre las propuestas destacan la implementación de vigilias, el bloqueos de carretera, bloqueos económicos, tomas y clausuras de instituciones estatales, paros indefinidos movilizados y hasta la desobediencia civil, según detallan medios locales.
A pesar de las muestras de apoyo, muchos ciudadanos aprueban la detención del gobernador, que ha sido acusado de perseguir y atacar a la población originaria, así como a los seguidores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
"No es venganza, es un acto de Justicia. No porque sea una autoridad en Santa Cruz las bolivianas y los bolivianos vamos a estar tranquilos, exigimos Justicia", declaró a RT una de las personas a favor del arresto del mandatario local. Mientras que otro manifestante señaló que "ha llegado la hora de este 'asesino'".
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