El anuncio del acuerdo de cese al fuego bilateral por seis meses entre el Gobierno colombiano y cinco grupos armados generó reacciones mayoritarias de respaldo en Colombia, pero no ha impedido que los opositores de Gustavo Petro manifiesten sus críticas sobre la iniciativa.
Las opiniones se han polarizado. De un lado se encuentran los organismos y figuras relacionadas con la defensa de derechos humanos, que catalogan la decisión como "extraordinaria" y como un "acontecimiento" que podrá allanar el tan buscado camino a la paz en la nación suramericana.
En el otro extremo están los que afirman que este acuerdo dejará aún más indefensa a la población civil, ya que los cuerpos seguridad del Estado estarán "paralizados" y no podrán combatir a estos grupos al margen de la ley.
Esta determinación, dada a conocer por el mandatario colombiano al cierre de fin de año, no toma por sorpresa al país. Desde el inicio de su Gobierno, Petro planteó su proyecto de Ley de 'paz total', que ya fue aprobado por el Congreso y sancionado por él.
El mandatario también puso sobre la mesa la propuesta de 'cese al fuego multilateral', al que ya se han unido más de diez grupos armados desde finales de septiembre pasado, en medio de los avances de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se reinician a finales de enero.
"Un acontecimiento que renueva esperanzas"
Entre quienes saludan la medida anunciada por Bogotá, se encuentra el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien aseveró que es un "acontecimiento que renueva las esperanzas de paz duradera del pueblo colombiano", según un comunicado de ese organismo internacional.
Guterres "confía en que la adhesión a estos compromisos reducirá la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto", y espera que el cese contribuya a "generar confianza en los diálogos en curso".
La Defensoría del Pueblo escribió en varios trinos que son "bienvenidos" los "gestos que permitan frenar las acciones armadas que afecten a la población civil" y recordó que entre los cinco grupos armados ilegales se encuentran los que "generan mayores riesgos", según sus alertas tempranas, que son: el ELN, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo.
"Estaremos atentos para verificar, en los diferentes territorios, que se cumpla con el cese de las acciones armadas por parte de los grupos armados ilegales", advirtió el organismo.
Por su parte, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, aseguró en un video colgado en su cuenta de Twitter que el país está "ante un hecho extraordinario" y que este acuerdo tendrá efecto en 80 estructuras, compuestas por unos 15.000 miembros, lo que tendría un impacto en cerca de 350 municipios que han sido afectados por su presencia.
"Lo importante es que el mismo tiempo se den ceses multilaterales de enfrentamientos entre estas organizaciones", destacó González Posso, al referirse a los casi de 70 disputas armadas que han tenido estos grupos entre ellos, y los 50 hostigamientos y enfrentamientos con la Fuerza Pública en lo que va de Gobierno de Petro, que han causado "graves consecuencias para la población civil".
El senador y líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', quien fuera excomandante de las FARC, aseveró en su cuenta de Twitter que el cese al fuego "aliviará a las comunidades de la Colombia profunda que padecen los horrores de la guerra".
Por otra parte, Humberto de la Calle, senador del Partido Verde, aseguró en un tuit que el anuncio es "una gran noticia", a pesar de que haya "dificultades de sostenibilidad y verificación".
Temores sobre el papel de la Fuerza Pública
Del lado de la crítica más agria, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, dijo en un par de trinos que el cese al fuego era "unilateral", lo que a su juicio conlleva la "impunidad" e implica afectaciones para la ciudadanía "que reclama seguridad y justicia".
En una posición más de centro, el excandidato presidencial Sergio Fajardo aseveró que el anuncio presidencial era "una buena forma de comenzar el 2023", pero estimó que el Gobierno debía "pasar del anuncio audaz a la realidad compleja: sin rigor y transparencia surgen dudas, contradicciones y enfrentamientos".
Sobre el tema de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado ante este acuerdo, varios exfuncionarios y exsenadores durante otras administraciones hicieron duras críticas.
En Colombia, la respuesta tradicional ante el conflicto armado ha sido la militar, por lo que un escenario de no confrontación es rechazado por los sectores más conservadores.
Para el excongresista Juan Camilo Restrepo, esta decisión es un "error" porque supuestamente equipara a la "Fuerza Pública con bandidos, fortalece la ilegalidad y deja a la población desprotegida".
El exsenador Ernesto Macías, del uribista Centro Democrático, sostuvo por su parte que la Fuerza Pública "no puede cesar su obligación constitucional de actuar contra toda organización criminal en todo momento y en todo el territorio nacional".
En el mismo sentido se manifestó Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, quien aseguró que "un cese al fuego bilateral sin concentración de tropas, favorece a los elenos [miembros del ELN])".
A pesar de estos señalamientos, el titular de Defensa, Iván Velásquez, le salió al paso a las críticas y dijo en un trino que las Fuerzas Armadas de su país "respaldan este nuevo esfuerzo por la paz y asumen el compromiso que implica un cese bilateral al fuego", lo que requiere afianzar "el control del territorio y la protección de la población".
¿Cuáles son los grupos?
Desde el pasado 1 de enero, hasta el 30 de junio de este año, estará en vigor el 'cese al fuego bilateral' con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como Clan del Golfo, y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
- El ELN
El ELN es el la guerrilla activa con más antigüedad de Colombia, que ha pasado por varios procesos fallidos de negociaciones de paz con los gobiernos de los últimos 30 años, y que reanudó las conversaciones con el Ejecutivo en octubre pasado.
Este grupo armado es el segundo con mayor presencia en el país. Tiene incidencia en 211 municipios y en 23 departamentos, entre los que destacan Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó y el Norte de Santander.
Entre sus acciones se encuentran el reclutamiento de menores de edad, afrodescendientes e indígenas, cobro de extorsiones, secuestros, instalación de minas antipersonales, imposición de toques de queda y desplazamiento de la población. Del mismo modo, realizan actividades como robo de ganado, minería ilegal, narcotráfico y cultivos ilícitos.
- La Segunda Marquetalia
Es una facción disidente de las FARC liderada por Iván Márquez, quien participó en el Acuerdo de paz en 2016 y se retiró del proceso en 2019, alegando que el Estado había traicionado los acuerdos alcanzados.
Este grupo realiza actividades de narcotráfico, minería ilegal y extorsiones. De igual forma, es responsable de amenazas, desplazamientos forzados entre la población campesina e indígena, confinamientos, reclutamientos y utilización de menores de edad.
- Estado Mayor Central
Esta facción, también conocida como el Bloque Suroriental o 'Gentil Duarte', no se acogió al Acuerdo de paz desde un inicio. Actualmente está liderada por 'Iván Mordisco' y se encuentra enfrentada con la Segunda Marquetalia por el control territorial.
Esta agrupación, según recoge el texto 'Los focos del conflicto en Colombia', publicado por Indepaz, realiza trabajo de carácter político con las comunidades, en paralelo con actividades de narcotráfico y minería ilegal.
- El Clan del Golfo
El Clan del Golfo es la principal y más peligrosa organización narcocriminal del país, que algunos expertos consideran como un grupo de origen paramilitar sin un fin político, lo que implicaría que no es un actor armado dentro del conflicto interno.
Las AUG realizan operaciones en el 80 % del territorio colombiano donde hay grupos paramilitares, lo que implica que tienen "el mayor accionar en el país", según Indepaz. Han ocupado territorios abandonados por las extintitas FARC tras su desarme.
El Clan del Golfo realiza actividades vinculadas con el narcotráfico, blanqueo de capitales, minería ilegal, cobro de rentas, financiamiento de personalidades del ámbito artístico, musical y deportivo. Además, posee vínculos con sectores políticos, empresariales y estatales.
- Autodefensas de la Sierra Nevada
Este grupo surgió en 2007 tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante el mandato de Uribe.
Indepaz apunta que estas autodefensas tienen como principal objetivo "luchar contra la insurgencia" sin confrontaciones con la Fuerza Pública.
Sin embargo, también se les señala de tener nexos de narcotráfico con el Clan del Golfo y de controlar las vías para el transporte de drogas.
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