El presidente Alberto Fernández dio este martes un paso más en su propuesta de juicio político a la Corte Suprema, al recibir en Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, la visita y el apoyo de diez gobernadores peronistas.
Si bien habían sido convocados 14, los asistentes respaldaron la idea de presentar en el Congreso un proyecto que busca destituir al presidente del máximo tribunal del país, Horacio Rosatti, luego del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por los fondos coparticipables. También, tras el reporte que reveló una relación "escandalosa" entre la Corte y funcionarios del macrismo en la capital argentina.
Finalmente, el presidente y 12 gobernadores firmaron un comunicado que avala el proyecto de juicio al juez Rosatti por "mal desempeño" y "manifiesta parcialidad" a la hora de dictar fallos. El mismo busca "que se investigue su conducta" en el desarrollo de sus funciones.
"He firmado, junto a los gobernadores y gobernadoras, el pedido de juicio político al presidente de la CSJN, Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el art. 53 de la Constitución", expresó Fernández desde su cuenta de Twitter.
La iniciativa busca que se inicie también el proceso de juicio político al resto de los integrantes del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
"Pedimos al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye el proyecto para iniciar el proceso en el Congreso", dijo el jefe de Estado.
Vínculos sospechosos
El viernes pasado, la prensa argentina reveló un polémico chat telefónico entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Silvio Robles, un empleado de la Corte Suprema de Justicia fuertemente ligado a Rosatti. De la conversación se desprende una presunta articulación entre el Gobierno capitalino, administrado por Juntos por el Cambio (JxC), y el máximo órgano judicial del país, que acaba de fallar a favor de la capital en la causa por la coparticipación de fondos federales.
"Diversas publicaciones, jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado", fue la evaluación del presidente.
A la cita del mandatario asistieron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
También participaron, pero de forma virtual, los gobernadores de Santa Cruz, Alicia Kirchner y de Catamarca, Raúl Jalil.
Rechazo opositor
La denuncia contra el presidente de la Corte ya fue rechazada por el macrismo, una de las partes involucradas en el escándalo, ya que considera que se trata de "un nuevo ataque" del kirchnerismo contra la Justicia, que "pretende amedrentar y socavar los poderes del Estado".
Más allá de ello, el camino para que la iniciativa prospere es largo y sinuoso. Primero debe ingresar a la Cámara de Diputados, órgano que lo designará para su análisis en la Comisión de Juicio Político.
Si la Comisión lo aprueba, entonces deberá someterse a debate y votación ante el pleno. Solo avanzará si cuenta, por lo menos, con dos tercios de los 257 diputados que integran este poder legislativo, es decir, 171 votos y el oficialismo solo cuenta con 118 representantes.
Además, el Congreso recién comienza sesiones el 1 de marzo, y el juicio político solo podría discutirse antes si se convocan a sesiones extraordinarias que la oposición impugnará.