Juicio a la Corte y licencia de un ministro: el impacto de los escándalos políticos en Argentina

Un proyecto de juicio político a la Suprema Corte de Justicia y el pedido de licencia del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, son las principales consecuencias que han dejado hasta ahora los recientes y graves escándalos que han estallado en Argentina.

El caos que marca la agenda pública del país sudamericano en pleno año electoral comenzó a principios de diciembre, cuando el diario Tiempo Argentino y el portal El Cohete a la Luna publicaron chats en los que funcionarios y exfuncionarios, directivos del Grupo Clarín, jueces y fiscales supuestamente se ponen de acuerdo para manipular pruebas de un viaje conjunto que realizaron a Lago Escondido, una lujosa propiedad del magnate inglés Joe Lewis en la Patagonia.

La justicia ya comprobó, a través de fotografías y otra documentación, que el viaje existió y que uno de los protagonistas fue D'Alessandro, pero ni él ni ninguno de los implicados ha querido explicar por qué se fueron de vacaciones juntos, lo que, por los cargos que ocupan, por lo menos implicaría una indebida connivencia.

Para contrarrestar el escándalo, la estrategia de los personajes involucrados ha sido denunciar que fueron víctimas de un 'hackeo' y de un mecanismo de espionaje ilegal del que responsabilizan al Gobierno encabezado por Alberto Fernández.

La semana pasada, la controversia se intensificó luego de que el diario Perfil revelara nuevos chats en los que D’Alessandro presuntamente negocia fallos judiciales con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El ministro de Seguridad quedó en el centro del escándalo en ambos casos, ya que las filtraciones surgen de un 'hackeo' a su propio teléfono celular, pero se ha negado a entregarlo a la justicia para que sea peritado.

Caos político

Cada revelación impacta de manera directa en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que es uno de los principales precandidatos presidenciales de la derecha, ya que D'Alessandro es uno de sus principales funcionarios.

El alcalde lo defendió a ultranza, pero el martes la situación ya fue insostenible y, finalmente, le aceptó a D’Alessandro un pedido de "licencia temporal" para organizar su defensa judicial.

El escándalo está lejos de terminar y continúa la investigación judicial del viaje que D'Alessandro realizó a Lago Escondido con los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales capitalinos, Juan Bautista; los directivos de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; y dos exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, Leo Bergroth y Tomás Reinke.

Si se comprueba que Clarín pagó el viaje, como se sostiene en las filtraciones, todos podrían ser imputados por el delito de dádivas. Además de las conversaciones, también surgen acusaciones contra D'Alessandro por el supuesto cobro de sobornos.

Por otra parte, los chats publicados, y que el ministro con licencia asegura que están manipulados, fortalecen las recurrentes denuncias del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en contra de un Poder Judicial que, aseguran, actúa como una "mafia", con fallos partidistas en favor de la derecha, de acuerdo con sus intereses, y con nula independencia.

En diversas ocasiones, ambos han promovido reformas al Poder Judicial que han sido resistidas por jueces, fiscales y funcionarios judiciales, quienes cuentan con el apoyo de la oposición política y partidaria, bajo la premisa de que el Gobierno no respeta la división de poderes y solo quiere "embestir" a la justicia.

Sin embargo, los escándalos del viaje y de las filtraciones han incrementado el desprestigio que ya arrastraba la justicia en este país. De acuerdo con una encuesta publicada a fines de diciembre, el 75 % de los argentinos desconfía del Poder Judicial.

En parte por eso, el presidente decidió avanzar con un inédito juicio político a la Corte Suprema.

Incertidumbre

Fernández anunció el 1 de enero la presentación de un pedido de juicio político en contra de los cuatro miembros de la Corte Suprema: Horacio Rosatti (presidente del máximo órgano de justicia e involucrado en el escándalo de los chats), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Alberto Fernández y 12 gobernadores firman un pedido de juicio político a la Corte Suprema

El proceso es largo y complejo, ya que la denuncia primero debe ingresar a la Cámara de Diputados, órgano que lo remitirá para su análisis a la Comisión de Juicio Político, que está compuesta por 31 miembros, 16 de los cuales son oficialistas.

Esto implica que el Gobierno tiene los votos justos y necesarios para aprobar el pedido de juicio político en la Comisión y turnarlo después para su debate en el pleno, en donde el panorama es más difícil, debido a que el oficialismo necesitaría 171 votos (dos terceras partes del total de bancas) y solo cuenta con 118.

La apuesta del Gobierno es que, a pesar de que el juicio político no se concrete, las sesiones que se realicen en la Comisión, en donde serán citados a declarar los jueces de la Corte y otros testigos, sirva para exhibir el deterioro del Poder Judicial, horade todavía más su imagen y demuestre que emite fallos para beneficiar a la oposición de derecha, como el que dictó el mes pasado para favorecer al jefe de Gobierno de Buenos Aires en el reparto de fondos impositivos.

Además, con este proceso Fernández retoma la iniciativa política en un año en el que aspira a buscar la reelección en medio de un escenario complicado. Desde 2021 enfrenta una crisis de popularidad y, de acuerdo con las encuestas, su gestión tiene una escasa valoración que ronda el 20 %.

La estrategia podría ser contraproducente, ya que en la Comisión de Juicio Político se han presentado cuatro procesos en contra del presidente que están frenados, pero la oposición puede forzar a que avancen de manera paralela al juicio contra la Corte Suprema.

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