Organización católica argentina capta a una niña de 12 años violada por su padre para impedirle abortar

La organización católica Grávida, que opera en Argentina, será investigada por haber tratado de impedir el aborto legal de una niña de 12 años que quedó embarazada luego de ser violada por su padre.

El caso provocó una conmoción y el renovado activismo del movimiento feminista, ya que vuelve a demostrar las trabas que todavía existen para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo que se legalizó a fines de 2020, y que incluye prácticas ilícitas por parte de los grupos conservadores que se niegan a respetar este derecho.

Los reclamos también son contra las autoridades por no cumplir con su obligación de salvaguardar la salud y los derechos de la menor.

La historia comenzó el pasado 19 de diciembre en la provincia de Santa Fe, cuando, durante una revisión médica, se descubrió que la niña estaba embarazada. Entonces le contó a su madre que había sido violada por su propio padre y expresó su voluntad de abortar.

Al mismo tiempo que hacían los trámites para acceder a esta práctica, la madre denunció al padre, quien ya fue detenido y acusado de abuso sexual agravado.

La menor quedó bajo el cuidado de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Patricia Chialvo. La semana pasada se confirmó que la fecha de la intervención sería el lunes.

Durante el fin de semana, integrantes de la asociación civil católica Grávida repitieron un modus operandi que ya es conocido: localizaron a la mamá y a la niña, las llevaron a uno de los centros de salud que manejan, las retuvieron y las trataron de convencer de que el aborto no se llevara a cabo.

Pero en el hospital las estaban esperando. Como no aparecieron, la justicia organizó un operativo de búsqueda que permitió localizarlas el lunes por la noche en la clínica de Grávida. Y lograron rescatarlas.

Estupor y condena

En medio del escándalo, que ya sobrepasaba a la provincia, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia responsabilizó a la organización católica de impedir los derechos de la menor.

"Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado", señaló en un comunicado.

Por eso, agregó, la Secretaría impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la menor, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos, con el fin primordial de cumplir con la ley.

En respuesta a las críticas en contra de las autoridades, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, aseguró que el Estado puso a disposición de la niña todos los mecanismos necesarios y anticipó una investigación contra Grávida.

"Como Estado tenemos la obligación de poner a disposición de la Justicia la información que sea necesaria para que sea ella quien determine si hubo o no vulneración de derechos por parte de la organización hacia la niña y su madre", afirmó.

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Por otra parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Santa Fe repudió a Grávida, a la que calificó como una "organización fundamentalista" que quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo.

"Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del Art. 47, inc. C. de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10 y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento, considerando como situación suficientemente grave el haber puesto en peligro la salud de una niña", reclamó.