La oficina situada en un centro de estudios en Washington, en la que el presidente estadounidense, Joe Biden, mantenía archivos clasificados de la época de su vicepresidencia, "no estaba autorizada para el almacenamiento" de tales documentos, declaró este jueves el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, durante una conferencia de prensa, en la cual además designó a Robert Hur como fiscal especial del caso.
"En la tarde del 4 de noviembre de 2022, la Oficina del Inspector General de los Archivos Nacionales se puso en contacto con un fiscal del Departamento de Justicia. Le informó que la Casa Blanca había notificado a los Archivos que se habían descubierto documentos con marcas de clasificación en la oficina del Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement [...] Dicha oficina no estaba autorizada para el almacenamiento de documentos clasificados", dijo al referirse a la cronología de la investigación.
Por su parte, la Casa Blanca sigue rechazando toda culpabilidad de Biden, y asegura que "los documentos se traspapelaron involuntariamente".
"Como ha dicho el presidente, se toma muy en serio la información y el material clasificados [...] Hemos cooperado estrechamente con el Departamento de Justicia a lo largo de su revisión, y continuaremos esa cooperación con el asesor especial. Confiamos en que una revisión exhaustiva demuestre que estos documentos se traspapelaron involuntariamente, y que el presidente y sus abogados actuaron con rapidez al descubrir este error", declaró en un comunicado Richard Sauber, asesor especial de la Casa Blanca.
El equipo del mandatario estadounidense encontró los archivos clasificados el 2 de noviembre pasado, seis días antes de las elecciones intermedias, pero el hecho solo trascendió a la prensa esta semana. Posteriormente, este jueves, se supo que los abogados de Biden habían descubierto documentos clasificados adicionales en el garaje de su residencia en Wilmington, en el estado de Delaware.
En ese contexto, el Departamento de Justicia está investigando si Biden manejó registros confidenciales de manera inadecuada, lo que podría ser un delito, después que en 2017 dejara el cargo de vicepresidente tras concluir el mandato de la Administración de Barack Obama.