El vicepresidente de la región española de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció este jueves, tras el Consejo de Gobierno, que su administración implementará cuatro medidas en una plan que denominó 'provida' que pretende disminuir el número de abortos en su territorio.
Según desgranó García-Gallardo los sanitarios deberán ofrecer obligatoriamente atención psicológica a las mujeres que quieran abortar. Asimismo, deberán ofrecerles escuchar el latido del feto entre la semana 6 y 9 de embarazo y ver una ecografía 4D en la que se puedan observar los rasgos del feto. Por último, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León afirmó que se reforzaría el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.
Gallardo pertenece al partido ultraderechista Vox, que entró en el Gobierno en coalición con el conservador Partido Popular después de las últimas elecciones en 2019 y que desde entonces ha protagonizado varias polémicas.
Durante la negociación para investir presidente al popular Alfonso Fernández Mañueco ambas formaciones pactaron que se llevarían a cabo medidas para promover la natalidad y apoyar a las familias.
A pesar de que García-Gallardo se apresuró a señalar que "no se va a obligar a escuchar el latido de su bebé si no quiere" a la mujer embarazada, las críticas no se han hecho esperar hacia una región en la que las mujeres solo pueden ejercer su derecho al aborto en dos hospitales públicos y la mayoría se ve obligada a desplazarse de su provincia.
Desautorización
La oleada de indignación ha provocado que tan solo unas horas después, este viernes, fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, dirigida por el Partido Popular, hayan informado de que el protocolo para atender los embarazos e interrupciones voluntarias no variará.
Así, se continuará realizando tres ecografías a lo largo de la gestación, en las semanas 12, 20 y 33; las ecografías 4D solo se realizarán a instancias del facultativo en el caso de que tenga sospechas de cualquier anomalía en el feto en el último trimestre. No se harán nunca con la intención de mostrar los rasgos del feto, para incrementar "la implicación emocional", como indicó el vicepresidente regional.
En cuanto a la atención psicológica, se ha señalado que seguirá como hasta ahora, es decir, poniendo todos los recursos sanitarios disponibles a disposición de las mujeres que quieran continuar su embarazo o de aquellas que deseen interrumpirlo. Se ofrecerá cuando la matrona considere que existe un problema de este tipo sin que haya obligación de los médicos de informar a las pacientes de esta posibilidad.
Las críticas: "coacción" y "retroceso"
Desde el Ministerio de Igualdad se han tachado las medidas anunciadas por García-Gallardo de "coacción". La ministra del ramo, Irene Montero, ha dicho que "lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres".
Luis Tudanca, secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, principal fuerza política de la oposición en esta Comunidad Autónoma, tachó el anuncio de "ataque intolerable" a los derechos de las mujeres y afirmó que el gobierno regional quería meter a este territorio en el "tunel del tiempo" y volver a los "años del NO-DO", en referencia al noticiario franquista.
Incluso la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha manifestado sobre este asunto y ha acusado a Vox de querer ser "el comisario de la virtud de las mujeres" en Castilla y León, en una entrevista en la radio pública.
El anuncio de Vox llega pocos meses después de que se aprobara la última reforma de la ley que regula las interrupciones voluntarias del embarazo.
La novedad mas conocida es el reconocimiento de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar si permiso paterno, pero además, también contiene otras medidas contrarias al espíritu de las anunciadas ayer por el político de Vox.
La nueva ley blinda el derecho al aborto en los centros sanitarios públicos para revertir la situación actual. En 2020 solo el 16 % de los 88.000 abortos que se practicaron tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 4 de las 17 regiones del país no registraron ni una sola interrupción voluntaria en sus instalaciones públicas.
Además, se acabó con los tres días de reflexión a los que obligaba la anterior legislación cuando una mujer decidía abortar, algo que no se contemplaba para ningún otro tipo de decisión médica, y con la obligación de recibir información sobre ayudas a la maternidad antes de interrumpir el embarazo, algo que queda a expensas de la solicitud de la mujer.
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