La bancada de la coalición oficialista Frente de Todos en la Cámara de Diputados solicitó formalmente, en un documento de 410 páginas, la realización de un juicio político en contra de los cuatro magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esta forma comenzó un controvertido trámite parlamentario que continúa el intenso enfrentamiento que mantienen los poderes Ejecutivo y Judicial del país sudamericano y que marca las precampañas rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre.
El proyecto de juicio político fue anunciado el pasado 1 de enero por el presidente Alberto Fernández, pero recién el jueves por la noche ingresó de manera oficial en la Cámara de Diputados.
Ahora se enviará a la Comisión de Juicio Político para su discusión y análisis en una serie de audiencias. De los 32 integrantes con los que cuenta este grupo de trabajo, 16 son oficialistas, lo que representa el número justo para que la iniciativa sea aprobada.
Si ello se concreta, el dictamen luego deberá ser debatido y votado en sesión plenaria, en donde se requieren por lo menos 171 votos de los 257 que componen la Cámara de Diputados para que avance.
El oficialismo no cuenta con el apoyo necesario, ya que solo tiene 118 votos asegurados, por lo que la iniciativa difícilmente prosperará. Sin embargo, a lo que aspira el Gobierno es a que las audiencias permitan que se discutan públicamente las anomalías con las que funciona la Corte Suprema, en particular su parcialidad.
En aras de ese objetivo, el Frente de Todos solicitó la comparecencia ante la Comisión de Juicio Político de los cuatro jueces que integran el máximo órgano judicial.
Argumentos
El proyecto promueve la destitución del presidente de la Corte, Horacio Rossati; y del resto de sus miembros: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por la causal de mal desempeño.
"El juicio político cuya apertura se solicita es el procedimiento de destitución excepcionalísimo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional", señala el documento al hacer referencia a la legalidad de un proceso que la oposición rechaza de antemano al considerar que se trata de un "ataque a las instituciones".
La iniciativa presentada por el oficialismo reconoce que el juicio "es de carácter político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y con efectos políticos".
También añade que el fin del proceso es resguardar una sana e independiente administración de Justicia que "debido a la actuación de los aquí denunciados y por la investidura que los mismos tienen, se ha visto menoscabada afectando gravemente las instituciones democráticas".
De acuerdo con las y los diputados del oficialismo, en tiempos recientes el país ha sido testigo de "una inadmisible degradación del sistema institucional" que, por culpa de la Corte, pone en jaque el sistema republicano de división de poderes.
Cita, por ejemplo, los fallos por la integración del Consejo de la Magistratura y por el reparto de los fondos de Coparticipación (impuestos federales) con el que los jueces beneficiaron a la Ciudad de Buenos Aires, que está gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial de la coalición de derecha Juntos por el Cambio.
Convocatoria
El proyecto desglosa el escándalo en el que está envuelto el presidente de la Corte luego de que se filtraran chats en los que uno de sus principales asesores supuestamente acuerda fallos con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de enumerar los fundamentos de la acusación, pide que Rossati, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti sean citados a la Comisión de Juicio Político, lo que es inédito en la historia de este país.
En la lista de 32 testigos convocados, el documento también incluye a Silvio Robles, el asesor de Rossati que protagoniza los chats filtrados y a Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de Buenos Aires que tuvo que pedir licencia acosado por este escándalo.
A ellos son sumados los gobernadores que apoyan el pedido de juicio político; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, abogados constitucionalistas, funcionarios de la Corte y organismos de derechos humanos.