El Ministerio Público de Perú confirmó este viernes que producto de los "enfrentamientos" producidos durante las protestas en el país suramericano han muerto 42 personas: 41 civiles y un efectivo policial.
Asimismo indica que, según las primeras indagaciones efectuadas por las fiscalías Penales, de Prevención del Delito, y Contra la Criminalidad Organizada, también se contabilizan 531 heridos, de los cuales 355 son civiles y 176 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La cifra de fallecidos que ofrece la Fiscalía concuerda con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, dado a conocer la tarde del jueves, en el que señala que 41 civiles murieron en "enfrentamientos" y un policía "por hechos de violencia en el contexto del conflicto".
Sin embargo, esa institución también cuenta a otros siete civiles que fallecieron "por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo" en las manifestaciones, elevando a 49 la cifra total de muertos en el marco de la crisis política y social que vive Perú desde diciembre.
Además de las cifras de muertos y fallecidos, la Fiscalía dio a conocer que se ha registrado la detención de 329 ciudadanos, entre ellos un menor de edad. Son investigados por presuntos delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
Las investigaciones
El Ministerio Público informó, además, que ha abierto, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, ocho investigaciones fiscales por estas muertes a consecuencia de las manifestaciones, a fin de determinar las responsabilidades en la pérdida de estas vidas humanas.
También, señaló la institución, se iniciaron 11 investigaciones preliminares contra los que resulten responsables de los hechos de violencia ocurridos en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ucayali y Lima.
Aparte, se tienen 17 carpetas fiscales por los ciudadanos lesionados o heridos y 80 para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos contra la administración pública, disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; así como tres más por los ataques a las sedes del Ministerio Público.
Los muertos en Juliaca
Uno de los días más sangrientos de las protestas se vivió el pasado lunes en la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno. En las inmediaciones del aeropuerto de esa urbe hubo una masacre que en el momento dejó 17 muertos, aumentando a 18 el jueves con la muerte de un menor que se encontraba hospitalizado desde entonces.
El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público informó que se hallaron proyectiles de arma de fuego alojados en los cuerpos de nueve de estas víctimas.
En seis de los cuerpos se hallaron fragmentos de proyectiles de fusil de 7,62 milímetros, en otros dos había restos de perdigones de metal y en otro una bala de pistola.
Otras ocho víctimas, que también murieron por heridas derivadas de los disparos, se informó que fueron atravesadas por los proyectiles.
Caso contra Boluarte
El martes, la Fiscalía dispuso iniciar una investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte por delitos de genocidio, homicidio y heridas graves en las protestas.
Asimismo, serán investigados miembros de su gabinete, como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. A ellos se suman Pedro Ángulo, como expresidente del Consejo de Ministros, y César Cervantes, como exministro del Interior.
Estas protestas que iniciaron en diciembre tuvieron una tregua por Navidad y Año Nuevo y se reiniciaron en enero. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para este año, la liberación del depuesto presidente Pedro Castillo y la convocatoria a una asamblea constituyente.