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Las razones por las que España pone bajo la lupa su propuesta de nueva tarifa regulada de la luz
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sostiene que el cambio podría producir un encarecimiento para los consumidores más vulnerables.
El Gobierno de España retrasó la entrada en vigor de la reforma de la tarifa regulada de la electricidad, debido a las dudas que ha expresado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador que emite informes consultivos pero no vinculantes.
A esa tarifa, que tenía previsto entrar en vigor a principios de enero, se acogen nueve millones de hogares españoles, entre los que se encuentran los consumidores vulnerables. La intención del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico –encargado de realizar la propuesta– era conseguir un abaratamiento en la factura.
Además, la reforma respondía a una de las condiciones que puso la Comisión Europea para autorizar la 'excepción ibérica', el mecanismo por el cual España y Portugal han conseguido contener considerablemente los precios de la luz, gracias a limitar el precio del gas utilizado para la generación eléctrica. El compromiso era que entrara en vigor a principios de este año.
Sin embargo, la CNMC sostuvo en su informe, emitido a mediados de diciembre y conocido ahora, que la reforma propuesta podría tener el efecto contrario e incrementar la factura el consumidor, además de plantear otras dudas.
La ministra del ramo y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, apuntó hace pocos días que el documento del organismo supervisor se está analizando y que, a pesar del retraso, espera sacar la nueva norma a la luz lo antes posible, según recogen medios locales.
Un ahorro de 297 millones de euros en entredicho
El borrador de la reforma, que se conoció en octubre, estimaba un ahorro medio anual de 297 millones de euros gracias a su punto más importante: la sustitución de la adquisición de la electricidad en 24 subastas diarias, una cada hora, por un modelo mixto que incluyera en su mayor parte contratos a distintos plazos. Para la CNMC, por el contrario, el nuevo modelo supondría un encarecimiento del precio para el consumidor.
La propuesta liderada por Ribera quiere eliminar la dependencia del mercado diario, subordinado al precio del gas y, a su vez, a grandes oscilaciones como las producidas por el conflicto en Ucrania. Para ello, se plantea sustituir una parte de las subastas diarias por compras mayoristas a 1, 3 y 12 meses vista.
No obstante, para la CNMC, ese planteamiento podría suponer una suavización de los precios en escenarios de encarecimiento, pero, al mismo tiempo, una ralentización de las reducciones en situaciones de abaratamiento.
Tampoco da el visto bueno a la ponderación de las distintas formas de adquisición de la electricidad en el nuevo modelo. El Gobierno propone un período de transición, que comenzaría con el sistema actual, representando el 75 % del peso, hasta llegar a que el mercado diario suponga un 45 % y la compra a plazo el 55 %, en 2025. Esta última parte estaría compuesta en un 10 % por compras a un mes, un 36 % a tres meses y un 54 % a doce meses.
Para la CNMV, es difícil la compaginación de este nuevo sistema con el régimen retributivo de las renovables, además de que considera que el modelo debería adaptarse para que pudiera ser aplicado este 2023, cumpliendo el compromiso alcanzado con Bruselas.
El operador también cuestiona la creación de un 'término de ajuste', que sería una especie de prima de riesgo para las comercializadoras por comprar la electricidad a plazo, lo que podría suponer un incremento del coste del suministro frente al modelo actual.
Este no es el único inconveniente que el regulador observa. La CNMV considera que habrá un perjuicio para los consumidores vulnerables y para las comercializadoras de electricidad, mientras que critica el papel que el Ejecutivo pretende otorgarle de verificador de los requisitos de las microempresas.
Este último aspecto tiene que ver con la intención del Gobierno de habilitar que las microempreas –aquellas con una potencia instalada igual o menor a 10 kilovatios– puedan acogerse a la tarifa regulada.
Para ello, se debe acreditar que estos negocios cumplen los requisitos, una labor que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez quiere hacer recaer en la CNMC. Sin embargo, el organismo critica que son necesarios grandes recursos para llevar a cabo esta encomienda, teniendo en cuenta que en el país existen casi 900.000 microempresas, por lo que no podría abordarse con los medios actualmente disponibles.
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