Al menos 10 de las víctimas mortales de la represión de la fuerza pública durante las manifestaciones en Perú contra el Gobierno de Dina Boluarte fallecieron por impactos de bala en puntos vitales, lo que evidencia que los uniformados dispararon con la intención de matar, según determinó un análisis realizado por expertos forenses.
Así lo explicó la antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), al medio local La República, tras revisar las actas fiscales con los protocolos de necropsia de las personas que fallecieron en el departamento de Ayacucho en diciembre pasado.
Cardoza detalló que de los 10 cuerpos analizados, seis tienen disparos de armas de fuego en el tórax, tres en el abdomen y uno en la cabeza, zonas consideradas como letales.
Una de las víctimas es Edgar Prado Arango, de 51 años, quien murió por un "traumatismo toracoabdominal abierto" causado por un proyectil de arma de fuego. El hombre recibió el disparo de militares que perseguían a manifestantes, cuando él intentaba ayudar a otras personas heridas por la balacera.
Otro caso es el de Raúl García Gallo, de 35 años, asesinado por dos impactos de bala que le causaron un "traumatismo abdominal abierto" y una "perforación femoral arterial derecha". Las mismas heridas fueron halladas en los cuerpos de Luis Miguel Urbano Sacsar, de 22 años; Leonardo Hancco Chaca, de 32 años; Josué Sañudo Quispe, de 31 años; y Jhonathan Alarcón Galindo, de 19 años. Todos presentaron impactos de balas mortales en zonas como el abdomen y el tórax.
La otra víctima es José Luis Aguilar Yucra, de 20 años, quien murió por un disparo en la cabeza. Según el informe fiscal, falleció por un proyectil que le causó un "trauma craneoencefálico" con fractura de la bóveda y base craneal y laceración del cerebro. Aguilar fue asesinado cuando regresaba a su casa tras salir del trabajo, y fue alcanzado por un disparo mientras compraba en un restaurante cerca de las protestas.
Mismo patrón e intencionalidad
Por su parte, el también fundador del EPAF, el antropólogo José Pablo Baraybar, dijo al mismo medio que los análisis de necropsia en las 10 víctimas de Ayacucho, demuestran que existe un mismo patrón criminal y, por lo tanto, una intencionalidad clara de los uniformados al usar las armas de fuego.
"Se le usa apuntando a un blanco; por lo tanto, las lesiones encontradas son el resultado esperado de quien opera el arma. Igualmente, si la distribución de las lesiones fuera la misma, nos encontraríamos frente a un patrón y por lo tanto la intencionalidad de quien opera el arma", indicó Baraybar.
El experto comentó que hay patrones en el uso de las armas de fuego que diferencian los crímenes de lesa humanidad, con heridas en cabeza, cuello, tórax y abdomen; mientras que las lesiones por disparos que se registran en conflictos armados en su mayoría son en extremidades.
Los muertos analizados en Ayacucho mostraron lesiones abiertas por disparos que comprometieron múltiples órganos, lo que muestra que las herias fueron causadas por municiones de alta velocidad, agregó Cardoza.
La especialista recordó que en las grabaciones donde se observan a soldados del Ejército peruano disparando contra los manifestantes, se ve que usan armas largas con proyectiles que alcanzan velocidades superiores a los 700 metros por segundo.
Por su parte, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, también coindice en que los asesinatos en Ayacucho revelan que la intencionalidad de los uniformados es disparar en zonas vitales, algo que incluso se evidencia en sobrevivientes.
"El Ejército está hecho para la guerra"
La jurista comentó que en las actas está claro el patrón de lesiones en abdomen, tórax y cabeza, por lo que los militares no pueden alegar que dispararon a zonas no vitales. Además, dijo, en una protesta las autoridades deben enviar a la Policía para que haga uso proporcional de la fuerza, pero en Ayacucho intervino el Ejercito, que no está facultado para controlar multitudes.
"Los militares reciben cursos y hacen prácticas de tiro con la figura de un humanoide. Les enseñan a disparar a las áreas vitales: tórax y cabeza. Esto ocurre porque el Ejército está hecho para la guerra. Por eso, dispararon a matar, tomando en cuenta que iban a lesionar lugares del cuerpo que podían llevar a la muerte", comentó Cano.
La abogada recordó que previo a los hechos de Ayacucho, también se registraron casos de víctimas con disparos en zonas vitales, como sucedió en Andahuaylas, departamento de Apurímac, donde se encontraron muertos con disparos en la cabeza, tórax y cuello.
"Debieron haber tomado todas las previsiones para que no ocurriera en Ayacucho", dijo Cano. Quienes comandaron a los militares, o no alertaron sobre no disparar a matar u ordenaron "eliminar al enemigo" para evitar toma de instalaciones "a sangre y muerte", añadió.
Cano también comentó que cuando llegue el momento de señalar a los responsables de estos crímenes, la mayor responsabilidad debe recaer en quienes condujeron las tropas y los que autorizaron la salida de los militares.
"Me refiero a Dina Boluarte (presidenta), el premier (Alberto Otárola) y el ministro de Defensa (Jorge Chávez), el jefe de la región o de la zona de seguridad a la que pertenece Huamanga. Todos ellos deben ser investigados en la carpeta fiscal", agregó la abogada.