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La Policía lanza una nueva operación contra sospechosos de financiar el asalto en Brasilia

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Se trata de la segunda acción policial en esta semana. Se han emitido 16 mandatos de búsqueda y aprehensión y ocho órdenes de prisión preventiva en varios estados del país.
La Policía lanza una nueva operación contra sospechosos de financiar el asalto en Brasilia

La Policía Federal lanzó este viernes una nueva operación contra sospechosos de financiar, participar o promover el asalto contra la sede de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero. 

En un comunicado, la corporación indicó que se emitieron 16 mandatos de búsqueda y aprehensión y ocho órdenes de prisión preventiva en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul y en el Distrito Federal (DF). Hasta el momento, ya se han cumplido cuatro mandatos de prisión.

"Los hechos investigados constituyen delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación delictuosa, incitación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos", reza el texto.

Esta operación, denominada Lesa Patria, se ha lanzado después de que el lunes la Policía llevase otra a cabo en Río de Janeiro en la que detuvo a un bombero militar y el jueves a un asesor del diputado bolsonarista Filippe Poubel.  

El pasado 8 de enero, bolsonaristas radicales invadieron y destruyeron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto en la capital del país, en el mayor asalto contra la democracia desde la dictadura.

La Secretaría de Administración Penitenciaria del DF comenzó el jueves a instalar tobilleras electrónicas a los radicales bolsonaristas que fueron liberados por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Hasta el momento, el magistrado liberó a 200 personas, 324 han sido encarceladas y 885 casos se encuentran todavía en proceso de análisis. 

Desconfianza en las fuerzas de seguridad

Debido a su desconfianza con las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva despidió a casi 60 militares que desempeñaban sus labores en su residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, y en la sede presidencial, el Palacio de Planalto.

El presidente también realizó un drástico cambio en la línea de mando de la PF y de la Policía Federal de Carreteras (PF) y destituyó a más de 40 agentes.

Este viernes, Lula se reunió con su ministro de Defensa, José Múcio, y los comandantes del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Según Múcio, los altos cargos se mostraron de acuerdo con castigar a los militares que participaron en los actos del 8 de enero. 

El ministro descartó que hubiese una participación "directa" de las Fuerzas Armadas en la toma de radicales bolsonaristas.

"Tengo entendido que no hubo una participación directa de las Fuerzas Armadas. Ahora, si algún elemento individualmente tuviera su participación, responderá como ciudadano", declaró Múcio. 

Mientras, el cerco judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro se va estrechando. El Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una nueva investigación contra el ultraderechista –que se encuentra en Florida, EE.UU.– por abuso de poder político y económico durante la campaña presidencial de 2022.

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